Sobrecomisiones millonarias por tramitar expedientes de prejubilación que luego pagaba el Ejecutivo andaluz; un exchófer tan cercano a la cúpula de Empleo que recibió 1,4 millones que gastó en parte en juergas; empresas que recibían millones para proyectos inexistentes o sin un destino prefijado y que luego no lo acreditaban los requisitos ni el uso de los fondos… La maraña del caso de los ERE fraudulentos no se termina en la sentencia conocida la semana pasada, y que condena a una veintena de exaltos cargos de la Junta de Andalucía por prevaricación y malversación.

En los juzgados continúa aún la investigación por decenas de ayudas concedidas con ese sistema de adjudicaciones de subvenciones. Según los últimos cálculos del juzgado, a fecha de hoy aún hay abiertos o en investigación al menos 120 expedientes.

TRES GRANDES GRUPOS / El dato más fiable sobre la dimensión de la causa que comenzó en enero del 2011 la jueza Mercedes Alaya, y que ha pasado por manos de hasta siete magistrados, lo aportó a finales del pasado año la entonces instructora María Núñez Bolaños. Tras una dura pugna judicial, en el 2015 se optó por trocear la macrocausa a fin de que la prescripción de los delitos no acabara echando por tierra el caso. La causa matriz quedó sin contenido y al decretar su cierre, la jueza detalló que se abrieron 187 piezas separadas de investigación, organizadas en tres grandes grupos.

Uno era el procedimiento específico usado para dar las ayudas, que es el que ahora ha condenado a una veintena de exaltos cargos de la Junta. El segundo se refiere a las sobrecomisiones que cobraron las mediadoras que participaban en los trámites de las regulaciones de plantilla, los ERE que llegaron a ofrecer a algunas empresas. La Dirección General de Seguros del Ministerio de Economía las cifran en 66 millones de euros. Aquí es donde está encausado el exsindicalista Juan Lanzas, supuesto conseguidor de los ERE y cuya madre presumió de que «tenía dinero para asar una vaca».

El tercer bloque, 185 piezas, abarca cada una de las ayudas o Expendientes de Regulación de Empleo (ERE) conlos denominados intrusos. Según los atestados de la Guardia Civil, el total de esas ayudas directas investigadas se cifra en torno a 73,8 millones, de los que 1,4 fueron a parar al chófer del exdirector de Trabajo Javier Guerrero.

A la espera de fijar fecha de juicio, durante su declaración narró que era administrador en dos empresas ficticias y que las subvenciones recibidas se gastaron en fiestas y «comprar cocaína para su jefe y para él». Por su parte, los 126 intrusos detectados habrían percibido una cantidad cercana a los 12 millones.

Según Núñez, de esas 187, en diciembre del 2018 seguían aún en fase de instrucción o «vivas» 146 piezas con un total de 507 imputados. De las restantes, la mayoría, unas 36, habían sido archivadas al no apreciarse la existencia de delito. Y cinco, entre ellas la pieza con los exaltos cargos políticos, habían iniciado ya el camino a la Audiencia para comenzar el juicio.

ACELERAR EL PROCESO / Seis meses después, en julio pasado, Anticorrupción actualizó los datos en su denuncia contra la supuesta «parálisis» del caso que imprimía la instructora: las piezas archivadas eran 48, y en trámite o acumuladas a otros procedimientos no eran 146, sino 129.

El juez instructor de refuerzo que investiga las causas, José Ignacio Villaplana, ha acelerado el proceso en estos últimos meses, cerrando varias de las piezas y convirtiéndolas en procedimiento abreviado, el trámite previo a que pasen a la Audiencia, y poder así abrirse el correspondiente juicio oral. Los últimos cierres fueron el viernes, dos ayudas a empresas por un importe total de 2,4 millones de euros.