La jueza María Núñez Bolaños ha archivado cuatro piezas de investigación sobre presuntas irregularidades en las ayudas para cursos de formación recibidas por una empresa del ex vicesecretario general del PSOE andaluz Rafael Velasco, que dimitió a raíz de la apertura de esta investigación. En un auto al que ha tenido acceso Efe, la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla señala que «no existe indicio alguno de conductas o hechos delictivos que justifique la apertura de procedimiento penal» por las cuatro ayudas de 82.593 euros, 41.296,50, 41.296,50 y 28.752,30 euros, recibidas por Aulacen Cinco, vinculada a Velasco.

INVESTIGACIÓN DE LA UCO / La jueza expone que la investigación se inició a raíz de un atestado de la UCO que apreciaba «irregularidades» fruto de la «actuación concertada y coordinada» desde el Servicio Andaluz de Empleo, tanto su dirección general como sus delegaciones provinciales, para otorgar ayudas para cursos de formación a desempleados beneficiando a «determinadas empresas» y dando lugar a «malversación del erario público».

Según Núñez, el «único indicio» en el caso de la empresa de Velasco es que es «uno de los entramados a los que se concedieron subvenciones de forma reiterada», si bien señala que una vez analizada la documentación al respecto, en todos los casos las ayudas se concedieron en régimen de concurrencia competitiva, siguiendo una baremación de criterios y existe documentación del seguimiento, evaluación y justificación de las ayudas de Aulacen, mientras que los expedientes de reintegro que puedan proceder aún están en fase de estudio.

«No se observa prevaricación más allá de las irregularidades» señaladas por la UCO en su informe, que considera podrían analizarse en el ámbito administrativo si bien no aprecia ilícito penal, ya que para ello «deberían conculcarse la norma de forma grosera», mientras que en este caso la concesión de las ayudas «puede ser explicada con una argumentación técnico-jurídica mínimamente razonable».

La jueza señala que «todo ello no quiere decir que pueda existir un fraude», pero éste no implica los delitos de prevaricación y malversación, máxime cuando todas las ayudas eran inferiores a 120.000 euros -por lo que el posible fraude estaría prescrito- y no se ha detectado «una desviación grosera o sustancial de las cantidades defraudadas».

DESVIACIÓN / En todo caso «una desviación ordinaria solo puede dar lugar a los mecanismos que la legislación sobre subvenciones poseen para restaurar el quebranto ocasionado» mediante las sanciones administrativas por infracción grave, pero no a la apertura de un procedimiento penal.

Además de archivar las cuatro piezas sobre las subvenciones recibidas por la empresa de Rafael Velasco se inhibe en otras nueve sobre ayudas concedidas por la delegación del SAE en Córdoba, referidas a ayudas para formación a Faasa Aeronáutica, por lo que remite las diligencias respecto a ésta a los juzgados cordobeses.