El Consejo de Gobierno aprobó ayer el proyecto de decreto-ley de medidas urgentes para favorecer la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil, que incluye un sistema «progresivo» de ayudas y que supondrá un aumento de las plazas ofertadas en los centros. Según las previsiones de la Consejería de Educación, la norma permitirá aumentar el próximo curso en 12.000 las plazas ofertadas para menores de 3 años, hasta alcanzar las 110.000, así como situar en 43.000 (7.500 más) la cifra de los de 0 a 2 años con acceso gratuito a esta prestación.

La consejera de Educación, Adelaida de la Calle, resaltó que este decreto, que contará con una financiación de 175,4 millones de euros (un 3,7% más que este curso), mejora el sistema de bonificaciones para que «realmente cuenten con ayudas quienes más lo necesiten». Entre las novedades, se establece que cualquier centro público o privado que esté autorizado por la Junta podrá adherirse al nuevo programa de ayudas a las familias para el fomento de la escolarización, y a partir de ahora se podrá optar a un sistema de ayudas que puede llegar hasta la gratuidad. En la actualidad hay 1.610 centros de esta etapa que ofertan a través del sistema público y se podrían incorporar otros 642.

Otra novedad es que se «mejora» la progresividad de las ayudas que se otorgan, pasando de cuatro tramos del precio -correspondientes al 100%, 75%, 50% o 25%- a nueve (del 100%, 80%, 70%, 60% y así, sucesivamente, hasta el 10 %). El objetivo es adaptarse a las condiciones socioeconómicas de las familias y llegar a aquellas con mayores necesidades, recalcó la consejera, que destacó que la bonificación del 100% del coste supone un ahorro máximo por plaza de 3.067,68 euros al año.

También se establece la concurrencia competitiva como procedimiento para la concesión de estas ayudas, en las que el criterio de priorización de las solicitudes será la renta per cápita anual de la unidad familiar y, en casos de empate, la edad del niño. Las ayudas se otorgarán a las familias, que cederán su cobro a los centros y abonarán a estos la diferencia con el precio establecido. Por su parte, los centros actuarán como entidades colaboradoras de la Administración.