El Consejo de Gobierno aprobó un acuerdo para impulsar la colaboración público-privada como método complementario para acometer infraestructuras, siempre con un análisis previo del coste y beneficio de cada proyecto y con supervisión de un equipo técnico. La Junta retoma esta fórmula al entender que la participación de empresas privadas tiene ventajas de índole financiera para el sector público, y activa el tejido empresarial.
