Andalucía incluirá en sus cuentas generales para 2021 una partida para los trabajos previos de demolición del Hotel Algarrobico en Carboneras (Almería). Considerado símbolo del urbanismo salvaje, el presidente autonómico Juanma Moreno Bonilla lo ha definido como un atentado ambiental que nunca debió producirse. Más allá del golpe de efecto dado el presidente de la Junta en su carrera por emprender una "revolución verde", la decisión de la Junta supone dar cumplimiento a una sentencia de hace ya 8 años que declaró ilegal la estructura del edificio y consideró que invadía el dominio público marítimo-terrestre, obligando a las administraciones a restaurar el paraje a su estado original.
El anuncio, del que no se han dado más detalles, se ha presentado como una demostración palpable de un cambio real en el modelo de política medioambiental en Andalucía. Sin embargo, aún queda mucho terreno por recorrer antes de que las excavadoras entren en la parcela situada a apenas 50 metros de la orilla en la que se empezó a construir el hotel allá por 2003. Y es que entran en juego competencias tanto del Gobierno central como del autonómico.
De hecho, el último acuerdo entre ambas administraciones, fechado en 2011, establecía que sería el Gobierno central quien asumiría la demolición física, y a la Junta le correspondería la retirada de escombros y restauración paisajística del espacio natural. Sólo la demolición se estimó entonces en 8,5 millones de euros. El primer paso, en cualquier caso, debería ser la ejecución efectiva del derecho de retracto sobre el terreno para hacerse con la posesión de las fincas donde se levanta el hotel. Aunque la Junta consignó los 2,3 millones de euros de esta operación en 2006, en el Registro de la propiedad del terreno aún consta a nombre de la empresa Azata del Sol. Y en 2017, el Supremo ya obligó a la Junta a iniciar un procedimiento por la vía civil para conseguir inscribir la parcela bajo su titularidad.
"Bienvenido sea el anuncio, que no es sino simplemente dar cumplimiento a una larga lista de sentencias", explica Pilar Marcos, responsable de Biodiversidad de Greenpeace, quien reprocha la falta de voluntad política porque ambas administraciones tienen presupuestados cada año fondos para la protección ambiental. No hacía falta este anuncio a bombo y platillo.
Desde la asociación ecologista lamentan además el “greenwashing” o campaña de ‘lavado ambiental’ del presidente andaluz, quien no dudó en justificar su decisión sobre el Algarrobico ante la necesidad de recuperar ambientalmente” una herida que lleva demasiado tiempo no sólo en el corazón de la provincia de Almería “sino de todos los andaluces”, según explicó en su intervención ante el Parlamento este martes. Así, cuestionan la denominada “revolución verde” del Ejecutivo andaluz cuando “ha empobrecido el paquete normativo de protección ambiental, agilizando trámites y dando facilidades a los ayuntamientos para que el medio ambiente no sea un escollo”. “Y ha autorizado proyectos como el hotel en la playa de los Genoveses, en el parque natural Cabo de Gata; otro en la playa de El Palmar, en Cádiz, o un campo de golf y chalets en Nerja”. “Es curioso como el Algarrobico pasa de ser un símbolo de la construcción a un símbolo de lavado verde”, abundó Marcos.
