Agentes económicos y sociales de Andalucía comparecerán desde hoyen la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento de Andalucía para tratar de los presupuestos de la Junta de 2018, tras ser rechazadas -con votos del PSOE y Ciudadanos- las enmiendas a la totalidad de PP, Podemos e IU.

Así, hoy comparecerán la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), los colectivos de autónomos UPTA-Andalucía, ATA Andalucía y UATAE, la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo (Faecta), las asociaciones de consumidores de Andalucía FACUA y UCA-UCE y organizaciones agrarias como Asaja, COAG y UPA.

Por la tarde acudirán a la comisión entidades sociales como Cáritas, Enlace, Prodeni, la Coordinadora Andaluza de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (Caongd), la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, Save the Children, Unicef y la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía (ADSP Andalucía).

El martes continuarán las comparecencias en la comisión con los sindicatos UGT-A, CSIF, CCOO-A, SAF, Ustea e ISA, y los colectivos empresariales como Fadeco y CEA. Ese día también comparecerán Ecologistas en Acción, el Observatorio Económico de Andalucía, la Asociación STOP Impuesto Sucesiones, la Plataforma Estudiantil UNED Andalucía y la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía.

Esta ronda de comparecencias tiene como objetivo que los agentes sociales hagan sus aportaciones al proyecto de Ley de Presupuestos y que los grupos parlamentarios, si así lo estiman, las puedan tener en cuenta para elaborar sus enmiendas parciales al texto.

ENMIENDAS PARCIALES / Precisamente, el plazo para que los grupos presenten esas enmiendas parciales finalizará el 7 de noviembre y luego serán votadas en comisión parlamentaria. Las que no se incorporen al texto durante esa tramitación podrán ser defendidas de nuevo en el debate final del proyecto de Ley de Presupuestos, que se celebrará los días 29 y 30 de noviembre. También hablará, según una petición de Podemos, sobre el «incumplimiento de la obligación normativa de publicar todas las actividades arqueológicas que se realizan en la comunidad autónoma».