El interventor adjunto al interventor general de la Junta de Andalucía, Ignacio García Revilla declaró ayer que está «completamente de acuerdo» con que el expresidente de la Junta José Antonio Griñán, cuando era consejero de Hacienda, pudo parar el sistema usado por la Junta para dar y pagar las ayudas de los ERE, informa Efe.García Revilla ha testificado en la pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta. A preguntas del abogado del PP-A, que ejerce la acusación popular, García Revilla ha dicho estar «completamente de acuerdo» con la declaración que se le ha exhibido realizada por el exinterventor general Manuel Gómez -uno de los acusados- en 2013 ante la jueza instructora Mercedes Alaya, en la que señalaba que el consejero de Hacienda podía haber sometido «en cualquier momento» al Consejo de Gobierno los problemas del sistema manifestados «incluso sin informe del interventor» para adoptar las «medidas oportunas».

El letrado popular Luis García Navarro le ha insistido mostrándole otra respuesta del exinterventor general ante Alaya en la que decía que la solución era «tan simple» como que el consejero de Empleo ordenara al director general de Trabajo dejar de otorgar subvenciones, el de Innovación a IDEA no abonar más pagos o el de Hacienda a la Tesorería no abonar las transferencias de financiación de Empleo a IDEA. Si bien en este extremo, el testigo se ha limitado a señalar que el interventor general «tiene una información más global» que la suya y «si así lo ha manifestado será porque lo considera factible», al tiempo que ha evitado pronunciarse sobre una posible actuación del Consejo de Gobierno por no tener «juicio de valor» para ello.

Durante el interrogatorio del fiscal, el PP y el abogado de Griñán -el testigo continuará respondiendo hoy a esta y el resto de defensas-, García Revilla ha calificado el procedimiento usado para dar y pagar las ayudas de «sumergido», «fuera de los circuitos administrativos» y en el que «sin lugar a dudas hay una carencia de control», porque Empleo daba subvenciones sin fiscalización previa, al pagarlas vía IDEA, donde el control es a posteriori.