La Fiscalía ha solicitado en sus conclusiones provisionales dos años de cárcel e inhabilitación para el que fuera abogado de la familia de Carlos Cano, José María Rosales de Angulo, por apropiarse indebidamente de 480.563 euros.
Según recoge el escrito del Ministerio Público, a finales del año 2000, tras el fallecimiento del artista, el acusado era consejero delegado y apoderado de la sociedad Dalur SL, a través de la cual Cano facturaba su actividad profesional, cobraba derechos de autor y hacía otros gestiones.
La acusación pública indica que Rosales de Angulo fue además la única persona autorizada para operar con sus cuentas bancarias, administrador solidario y de hecho de la referida sociedad en exclusividad hasta el 12 de abril del 2005.
En esa fecha fue cesado en su cargo ante la desconfianza que generó en la viuda y las hijas de Carlos Cano su negativa a ponerlas al corriente de la situación patrimonial de la empresa y a la falta de fondos en la sociedad, pese a los ingresos que debían existir.
José María Rosales de Angulo, al que el fiscal acusa de un delito de apropiación indebida, será juzgado los días 15, 16 y 17 de marzo en la sección primera de la Audiencia Provincial de Granada.
