El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata abrió ayer juicio oral a 88 personas, todas ellas cargos públicos de nivel intermedio, por las siete piezas de investigación que conforman el caso Madeja de corrupción, una infraestructura conformada en torno a la empresa sevillana Fitonovo para la obtención de contratos de manera irregular mediante el pago de sobornos a autoridades y empleados públicos, actuación que se prolongó durante más de 15 años en diferentes ciudades.

Además de estas 88 personas físicas (funcionarios y técnicos), el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 atribuyó a PSOE e IU la condición de partícipes a título lucrativo en una de las piezas, la relativa a contratos del Ayuntamiento de Sevilla, por haberse beneficiado «de la conducta delictiva amañada por los investigados» en las cantidades de 159.839 y 155.000 euros, respectivamente.

El magistrado abrió juicio oral por los delitos consignados en los escritos de acusación de Fiscalía y Abogacía del Estado: organización criminal, prevaricación, cohecho, fraude a la administración pública, blanqueo, falsedad en documento mercantil y tráfico de influencias. Además, impuso fianzas de responsabilidad civil que llegan hasta los 13 millones de euros, con el fin de cubrir las eventuales cantidades a satisfacer en caso de condenas.

EL JUEZ REPROCHA AL FISCAL / Aunque el juez lleva a juicio a 88 personas, cree que deberían haber sido más, pero éstas no han sido acusadas ni por Fiscalía ni por Abogacía del Estado, y así se lo reprocha en sus autos, ya que ha tenido que sobreseer la causa contra investigados. También les afea que no acusen por determinados delitos a varios pese a los «indicios acumulados en la instrucción». Concretamente, Fiscalía y Abogacía del Estado no acusan en la pieza principal del caso Madeja a asesores jurídicos, financieros fiscales y societarios que diseñaron, planificaron e implementaron toda la estrategia criminal blanqueadora de los restantes acusados y les asesoraron durante todo el proceso de blanqueo de capitales que se llevó a cabo.

«Esto es difícilmente comprensible», subrayó el magistrado, que añade que concurren múltiples indicios de que varios de los investigados «diseñaron, planificaron e implementaron la estrategia de blanqueo de la familia González Baro», los dueños de la red de empresas creada alrededor de Fitonovo. «Les asesoraron de extremo a extremo, en todos los puntos de esta estrategia criminal y cuidaron de que se llevara a cabo», añade el auto.

‘BRONCA’ AL ABOGADO DEL ESTADO / Mientras, la Abogacía del Estado les atribuye sólo organización criminal, en el caso del fiscal «ni siquiera menciona a estas personas en su escrito de acusación, pese a su relevantísima participación, no sólo en el blanqueo, sino en todas las desarrolladas por la organización», apunta.

La causa comenzó a instruirla la jueza Alaya (la moisma magistrada del proceso de los ERE), que sin embargo le remitió el expediente a la Audiencia Nacional al haber más administraciones implicadas, aparte de la Junta de Andalucía, concretamente otras comunidades autónomas y la propia administración del Estado.