El Gobierno cifró ayer en 30 millones de euros la partida que se destinará de aquí a final de año para reforzar los dispositivos migratorios en la frontera sur, un

«plan de emergencia» para atender la llegada de inmigrantes a pie de playa, la atención humanitaria y los centros de derivación. «Tenemos convenios con ONG, con Cruz Roja, con CEAR, con Accem, y queremos reforzar esa atención humanitaria con las personas que están viniendo», detalló la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La ministra también apuntó que la intención de su departamento, así como de Interior y Fomento, es «reforzar todos los dispositivos que están operando en la costa» y aseveró que desde el Gobierno están «ocupados en buscar una solución» a la presión migratoria. En este punto, Valerio recordó que, en los próximos días, el Ejecutivo pondrá en marcha un nuevo centro de acogida en Chiclana (Cádiz), que comenzará a funcionar previsiblemente el 1 de agosto, para «ir despejando poco a poco los polideportivos que estamos ocupando, como el de Jerez». La responsable de migraciones también subrayó que la cuestión migratoria es «un asunto que convoca a toda la Unión Europea» y solicitó a Bruselas «más recursos y más ayudas» para contener la presión en la frontera sur de España.

Por otra parte, Valerio confesó que el Ejecutivo «le preocupa lo que sucedió el jueves en Ceuta», después de que 16 agentes de la Guardia Civil resultasen heridos tras la entrada de 602 inmigrantes a través de la frontera. Con el fin de tratar la crisis migratoria que vive España, fuentes del Gobierno informaron de que en los próximos días se convocará la Comisión Delegada de Asuntos Migratorios y una Conferencia Sectorial con las autonomías para tratar este asunto. EFE