La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, denunció ayer que 27.658 personas fallecieron en los últimos tres años esperando recibir la dependencia, y detalló el plan de choque de 77 millones de euros contra las listas de espera, que afectan a 110.447 personas. Durante un pleno en el Parlamento andaluz, Ruiz (Cs) aseguró que estas personas fallecieron mientras esperaban, ya fuera de plazo, la tramitación de su grado o la resolución de su Programa Individual de Atención (PIA).

El plan de choque, que empezó esta semana, destinará 36,6 millones de euros para el servicio de ayuda a domicilio; 14,1 millones para la prestación económica para cuidados en el entorno familiar; 15,7 millones de euros para atención residencial; y 4,4 millones de euros para centros de día, según la consejera. Oros 6,6 millones de euros se destinarán a la prestación económica vinculada al servicio, apuntó la consejera tras criticar la «dejación de funciones» del anterior Gobierno socialista así como la «nefasta gestión» que hicieron en dependencia, que «ocultaba» las cifras reales de listas de espera.

En este sentido, resaltó las 110.447 personas pendientes de ser atendidas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), una cifra que incrementa en más de un 45 % las cifras de lista de espera de las estadísticas oficiales que ofrecía el PSOE. Además, dijo que hay 75.132 personas pendientes de que se les realice su PIA para que puedan disfrutar de algún recurso del catálogo de la Ley de Dependencia. Los informes internos también recogen que 35.315 andaluces no están contabilizados en las estadísticas oficiales publicadas mensualmente.

«Son personas que han presentado su solicitud, pero ni siquiera se les ha llamado y están pendientes de ser valoradas para determinar su grado de dependencia», señaló la consejera, quien enfatizó que la dependencia genera más de 39.500 empleos en Andalucía. La representante del PSOE, Soledad Pérez, negó que el anterior gobierno ocultara las listas de espera, aunque reconoció que había un problema de retraso en la atención en dependencia.