Unas 130 temporeras de origen marroquí han presentado ante la Guardia Civil una denuncia en la que aseguran que algunas compatriotas que han interpuesto demandas por presuntos abusos laborales y sexuales en una finca de Almonte (Huelva) lo han hecho de manera «obligada por parte de unos hombres a cambio de que les arreglen los papeles para quedarse en España de forma definitiva y no tener que volver a Marruecos» así como «cobrar los tres meses del visado». Según consta en la denuncia que fue presentada el miércoles, estas mujeres aseguran que «es totalmente falso que sus jefes hayan maltratado, acosado o abusado sexualmente de ninguna trabajadora». «Todo ello está suponiendo un problema con nuestros familiares, que pueden negarnos para los años próximos poder volver a trabajar en esta empresa o en cualquier otra», han asegurado en su escrito. Preguntadas sobre cómo saben que estas mujeres estaban obligadas, han asegurado en la denuncia que «unos hombres, al igual que les han ofrecido a las otras quedarse en España, también se lo ofrecieron a ellas», así como que reconocerían a estos hombres «sin género de dudas». A preguntas del agente, las denunciantes han manifestado que «tienen miedo» porque ya sus familias conocen lo que ha pasado y «ahora temen que sus maridos no las dejen venir otra vez a España a trabajar». En cuanto a la empresa fresera, estas mujeres han remarcado que «no hay ningún tipo de problema, que están muy bien y contentas con todo, con el módulo, el sueldo y el trabajo no existiendo abuso ninguno».
El diputado de Unidos Podemos Diego Cañamero dijo ayer que es «falso» que las temporeras inmigrantes hayan denunciado abusos sexuales y laborales en una finca de Almonte (Huelva) «a cambio de papeles», tal y como han dicho ese centenar de compatriotas.
