Diez comunidades autónomas, las ocho gobernadas por socialistas más la navarra y la catalana, bloquearon ayer la distribución de fondos para políticas activas de empleo en el 2017 como protesta ante la actitud del Ejecutivo, que, a su juicio, ha querido «unilateralmente imponer su modelo».

«Hemos pedido votar en todos los puntos y planteado llegar a un consenso», declaró a los medios al término de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales el consejero de Empleo de Baleares, Iago Nagueruela, quien justificó así esa «decisión sin precedentes». Nagueruela, que habló también en nombre de los representantes de las otras nueve autonomías contrarias a los planes del Ministerio, afirmó que las comunidades autónomas no son «subcontratas» y lamentó que el PP prefiera «aguantar y ser fuerte antes que dialogar y consensuar».

La distribución de los 2.060 millones de euros para políticas activas de empleo queda así por el momento suspendida, aunque Nagueruela informó de que las autonomías convocarán una conferencia sectorial con carácter urgente para hablar de modelo de empleo y «volver a dialogar».

Sí se aprobaron los otros once puntos del orden del día, que no fueron sometidos a votación como reclamaban la mayoría de las comunidades autónomas.

En declaraciones a la prensa a la entrada del Ministerio, antes por tanto del plante de las autonomías, el consejero de Empleo de Andalucía, Javier Carnero, lamentó que el Ejecutivo hubiese hecho «caso omiso a tratar de consensuar un modelo», y dijo no entender «este castigo continuo del PP» hacia Andalucía. A estas críticas salió al paso el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, que acusó al Gobierno andaluz de dejar sin ejecutar el 75 % de los fondos para Políticas Activas de Empleo y subrayó que «la Junta es la única culpable de la pérdida de fondos». Según explicó la delegación del Gobierno en un comunicado, la Junta también habría dejado sin ejecutar el 96 % de los fondos destinados a formación en los últimos años, lo que ha supuesto que se hayan dejado de invertir en Andalucía casi 2.000 millones de euros en Políticas Activas de Empleo.

Antonio Sanz reprochó al nuevo consejero de Empleo, Javier Carnero, su «mal comienzo» en la Consejería por su actitud crítica con el reparto de fondos para el empleo, cuando «está pactado por todas las comunidades autónomas».