El Ayuntamiento de Cabra aprobó en julio en sesión plenaria una medida pionera en la provincia de Córdoba como es la regulación del teletrabajo entre los empleados de la administración local. A este acuerdo ha podido llegarse gracias a la participación y trabajo tanto de la parte política municipal como de la parte sindical que representa a los trabajadores.

Una medida que será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia y que permitirá a los empleados públicos conciliar su vida laboral, personal y familiar. Si bien el teletrabajo ha ganado relevancia en meses recientes, el Consistorio ya venía trabajando en este acuerdo anteriormente. La implantación del teletrabajo, señalaba Felipe Calvo, delegado de Recursos Humanos, «no significa que se abandone el servicio al público», que se verá completado con el recién instaurado servicio de cita previa.

Por otra parte, el conjunto de los grupos políticos representados en el Pleno municipal aprobaba por unanimidad la rotulación de una calle en Cabra en memoria de la maestra Socorro Moral, de quien coincidieron en destacar su importante labor social y su lucha por la igualdad a través de numerosos colectivos y asociaciones de la localidad.

De las siete mociones presentadas de forma individual por los grupos políticos a su debate en pleno, solo dos fueron aprobadas por unanimidad. Fue el caso de la moción presentada por Ciudadanos sobre transparencia, seguimiento y ejecución de las mociones aprobadas por el Pleno, en la que se pedía que los acuerdos alcanzados no cayeran en el olvido y estuviesen a disposición de consulta ciudadana. También fue aprobada por unanimidad la moción presentada por Unidad Vecinal Egabrense (UVE) sobre la construcción de un nuevo helipuerto de carácter sanitario en la ciudad.

Con acuerdos en determinados puntos, salieron adelante las mociones de UVE sobre la creación de medidas para evitar el consumo de bebidas alcohólicas por menores; la moción del PSOE sobre la recuperación de los servicios sanitarios tras la pandemia, y la moción del PP para instar al Gobierno central a «no apropiarse» de los remanentes de las entidades locales.