La Junta de Andalucía garantiza el Programa de Tratamiento a Familias que atiende cada año a más de mil menores en situación de riesgo o desprotección y a más de 550 familias en Córdoba.
Así lo puso de manifiesto la delegada territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Inmaculada Troncoso, en la firma del convenio para el desarrollo de este programa con municipios de más de 20.000 habitantes.
La Junta ha firmado convenios con 8 ayuntamientos, que son el de Córdoba capital, Baena, Cabra, Montilla, Lucena, Palma del Río, Priego de Córdoba y Puente Genil, así como con la Diputación Provincial.
Según Troncoso, este convenio aporta «garantía y la estabilidad en la financiación de este programa, reforzando el respeto a la autonomía local».
El Programa de Tratamiento a Familias contará en 2019 con una financiación de 2,1 millones de euros, de los que la Junta de Andalucía aporta 1,3 millones.
La delegada del ramo en Córdoba explicó que «este programa consiste en proporcionar a las familias con menores en situación de riesgo un tratamiento específico e integrador que permita la adquisición de pautas rehabilitadoras».
Para Troncoso, «la finalidad es preservar sus derechos y promover su desarrollo integral en su medio familiar, normalizando su situación, así como posibilitar su retorno a la familia de origen, en aquellos casos en los que, tras la adopción de una medida de protección, se contemple la reunificación familiar como la alternativa prioritaria y más adecuada para los menores».
Durante la firma de los convenios, la delegada destacó que con este Programa se persigue alcanzar objetivos muy concretos como mitigar los factores de riesgo, para evitar la separación del o la menor de su familia; capacitar a la familia para dar una correcta atención a sus hijos e hijas evitando cualquier conducta negligente o de maltrato, garantizando la seguridad y la integridad básica de los mismos; lograr que la familia funcione de manera autónoma y adecuada, que los y las menores tengan una atención y cuidados acordes a sus necesidades, así como proporcionar a las familias las habilidades y recursos técnicos necesarios para superar la situación de crisis que dio lugar a la medida protectora.
En todos los casos es necesario que las familias acepten el tratamiento, debiendo suscribir el compromiso de colaborar para el cumplimiento de los objetivos, actuaciones y plazos establecidos en el proyecto de tratamiento familiar.
Además, cuando exista patología mental grave de los progenitores o guardadores que, a pesar de ser tratada, les incapacite para ejercer el rol parental, deberán existir elementos de control en el entorno familiar, o personas próximas a la familia, que apoyen la actuación del equipo.
El Programa permite equipos técnicos interdisciplinares en el que se encuadran psicólogos, trabajadores sociales y educadores sociofamiliares integrados en la estructura de los servicios sociales comunitarios.
