La Cámara de Cuentas de Andalucía ha detectado, y así lo ha reflejado en un informe sobre la fiscalización de determinados aspectos de la actividad económico-financiera del Ayuntamiento de Cabra referida al ejercicio 2016, que casi una treintena de trabajadores laborales, con una antigüedad de entre cinco y 30 años, de una plantilla total de 133 empleados municipales, se encuentran «en una situación de fraude de ley», y su regulación «no ha tenido lugar» hasta la fecha del informe.

Así, según ha detallado en un comunicado la Cámara de Cuentas de Andalucía, en su informe se recoge «en cuanto al cumplimiento de la legalidad», que «la liquidación del presupuesto, en lo que respecta a los capítulos 1, 2, 3, 6 y 9, el remanente de tesorería y la contratación administrativa resultan conformes en todos los aspectos significativos con la normativa aplicable a la gestión de fondos públicos», excepto por varias «salvedades».

Entre las mismas se destacan que «la plantilla presupuestaria» del Consistorio «consta de 114 plazas, que difiere de los efectivos reales, que ascienden a 133».

En este total aparecen «14 efectivos catalogados como laborales fijos por el Ayuntamiento», pero «tan solo el arquitecto municipal se incorporó (en 1998) mediante un procedimiento selectivo que respeta los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad», de forma que «la incorporación de los 13 restantes se realizó vulnerando los citados principios y en sus expedientes no consta nombramiento como trabajadores laborales fijos».

A esto se suma, según señala el mismo informe, que «los 27 laborales temporales, que constituyen la principal diferencia entre los efectivos y la plantilla aprobada, tienen una antigüedad que oscila entre cinco y 30 años y han venido desempeñando sus compromisos laborales de una manera continuada en el tiempo, encontrándose en una situación de fraude de ley».

Ello es así, «bien por la concatenación de contratos o bien por la continuación de su relación laboral sin la prórroga expresa de sus contratos laborales» y, además, «la incorporación de este personal en su momento al Ayuntamiento no respetó los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad», resaltando la Cámara de Cuentas de Andalucía que «la regularización de esta anómala situación no ha tenido lugar».

Por otro lado, «los laborales indefinidos existentes ascienden a 12» y «cuatro de ellos, que no fueron seleccionados mediante un proceso basado en los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, adquirieron la condición de indefinidos en los años 2009 y 2010 mediante sentencia judicial contra el Ayuntamiento», mientras que «los ocho restantes son personal incorporado al Ayuntamiento, con esa condición de indefinidos, procedentes de la Junta de Andalucía cuando ésta le cedió la gestión de las instalaciones de la piscina en el año 2006».

A esto se suma, según el informe, que, «al menos 20 efectivos de la Policía Local perciben gratificaciones por servicios extraordinarios por la misma cuantía y concepto y de manera consecutiva a lo largo de varios meses», avisando la Cámara de Cuentas de Andalucía que «con ello se desvirtúa la propia naturaleza de la retribución, que según establece el artículo 6.3 del RD 861/1986, de 25 de abril, en ningún caso podrán ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo».

AUDITORÍA FINANCIERA/ En cuanto a la auditoría financiera, el informe señala que los gastos de la liquidación presupuestaria correspondiente a los capítulos 1 (gastos de personal), 2 (gastos en bienes corrientes y servicios), 3 (gastos financieros), 6 (inversiones reales) y 9 (endeudamiento) así como el remanente de tesorería correspondiente al ejercicio 2016, «se han preparado» de conformidad con el marco normativo de información financiera.