Varios expertos judiciales consultados ayer por este periódico coinciden en que la situación en la que se encuentra el Córdoba CF es «muy peculiar y compleja», ya que se solapan la competencia del juez del concurso de acreedores, la del juez de instrucción y la causa que se dirime en Madrid por el control del paquete mayoritario de acciones entre Jesús León y Carlos González.
Estas fuentes aclaran que los administradores judiciales no son concursales, ya que ambas figuras tienen funciones, límites y cometidos diferentes. El juez instructor del juzgado número 5 de Córdoba, Antonio Rodríguez Moyano, debe decretar hoy el rango de las facultades de los dos administradores judiciales que designe, aunque «todo parece indicar que tendrán las funciones ejecutivas completas del Córdoba CF».
El club tiene una deuda vencida del concurso de acreedores de 330.000 euros
El hecho de que el propio abogado de León anunciase que la administración judicial durará, al menos, seis meses prorrogables hasta los 18 meses, da conocimiento de la envergadura de la situación. Aunque «no es habitual que se tomen decisiones de esta gravedad, la naturaleza de los delitos que se le imputan a Jesús León hace sospechar que pueda ser perjudicial para el club y para sus accionistas su continuidad como administrador», explican estas fuentes. Por ello, se impone una medida «sustitutiva y provisional» y los administradores judiciales darán cuentas al propio juez.
¿Reactivación del concurso?
Su función principal será intentar que la sociedad funcione y, en caso contrario, ponerle remedio. Si con los ingresos de que disponga el Córdoba CF los dos administradores no ven viable su continuidad, podrían acudir a la vía del concurso, explican los expertos jurídicos consultados.
Hay que recordar que el club blanquiverde tiene un concurso de acreedores en fase de cumplimiento, con un acuerdo de quita y pago de la deuda, pero el propio Córdoba CF, en un comunicado reciente, reconoció que tiene «pendiente de liquidar una deuda vencida del concurso de acreedores por valor de 330.000 euros aproximadamente».
Los dos nuevos gestores deben velar por el funcionamiento de la sociedad para garantizar su futuro
Por tanto, «el concurso está latente», explican los expertos, que recuerdan que «no concluye hasta que no se paga al último de los acreedores». Así, los administradores judiciales podrían tomar la decisión, si consideran que el Córdoba CF no puede cumplir con sus obligaciones económicas, de reabrir el concurso de acreedores.
Finalmente, estas fuentes indican que los administradores judiciales no pueden disolver la sociedad y por tanto dar fin a la historia del Córdoba CF. Sería el juez del concurso el que tomase esa decisión.
