De una batalla jurídica aparentemente pequeña, casi sin importancia, partió el final -al menos, por ahora- para Enrique Pina. Enrique Rodríguez Zarza presentó una querella en nombre de un cliente que no había cobrado su comisión por la venta del Ciudad de Murcia a Carlos Marsá. Ganó en todas las instancias, incluido el Tribunal Supremo, pero Pina se declaró insolvente y se negó a abonar la comisión y los costes.
A partir de ahí, Rodríguez Zarza elaboró un informe para demostrar que Pina cobraba a través de sociedades pantalla a nombre de familiares, una de ellas la conocida Calambur, en países con mínima presión fiscal. De ahí, argumentaba Rodríguez Zarza, que el murciano disfrutara de un elevado tren de vida. Ese dosier lo puso en conocimiento del juez para que investigara estas sociedades, y éste vio indicios de criminalidad que traspasó a la UDEF y fue la base para que la policía judicial siguiera investigando a Pina en estos últimos años hasta reunir pruebas suficientes para detenerle.
A Rodríguez Zarza se le vio la pasada temporada en varias ocasiones por Córdoba, alguna de ellas con Jesús León, y ya entonces se comentaba que, de fondo, podía estar el interés en la gestión del Córdoba anterior a la llegada del montoreño al club. La batalla judicial del granadino continúa en el Cádiz, iniciándola cuando representó a Gaucci, que en su momento se propuso como representante del comprador de la entidad blanquiverde, Pietro Lo Monaco. De aquello hace ya ocho años. Aquellos primeros días de junio del 2011, Rodríguez Zarza fue contundente ante su entorno cuando se enteró de que Carlos González se quedaba con el paquete accionarial del Córdoba: «No tiene un duro».
Rodríguez Zarza ha puesto su objetivo en varios aspectos de la gestión del Córdoba entre el 2011 y el 2018, aunque hay algunos destacados y que también fueron adelantados en su día por este periódico. La relación del Córdoba con el agente Salva Sánchez y su empresa, Football Management Sánchez SL (FSM) y el tristemente famoso reparto de dividendos de 1,5 millones de euros realizado por el Córdoba durante aquella etapa. Sobre este último aspecto, Fernando Puig de la Bellacasa, subdirector general de Deporte Profesional y Control Financiero, en representación del Consejo Superior de Deportes determinó que el reparto de dichos dividendos a cuenta no era legal y suponía un «incumplimiento de la normativa mercantil en materia de aplicación de resultado».
La operación posterior, de supuesta devolución y vuelta al cobro de dichos dividendos merecen un capítulo especial que solo puede ser explicado por un experto como Rodríguez Zarza. El primero de esos dos últimos aspectos más graves es el de FSM, que tanto por los informes de LaLiga como por los expertos contratados por la entidad blanquiverde se convirtió en una empresa clave para los movimientos de González dentro del Córdoba, al punto de que, por ejemplo, el proceso por el que se abonaron a Prasa aquellos tres millones de prima por el ascenso no hubiera podido hacerse sin la intervención de FSM. De hecho, el papel de la entidad blanquiverde en no pocos pagos que presuntamente no pertenecían a la misma es otro de los aspectos que se han peritado y se adjuntan en la querella.
Lo que sí parece evidente, visto el perfil del despacho escogido por León y por la gravedad de los tipos, así como por la reclamación del pago del propio González (4,5 millones), las fuentes jurídicas consultadas por este periódico señalan que lo más probable es que la batalla judicial que está a punto de iniciarse durará «varios años». Agosto, simplemente, representará la calma antes de la batalla.
