En la última junta general de accionistas, la consejera Magdalena Entrenas declaró en el salón de actos de El Arcángel que Grupo Constructor Grucal Andalucía tenía el derecho de cobro sobre el Córdoba CF de casi un millón de euros en una operación que aunque reconocía que «estéticamente» podía tener alguna salvedad era totalmente legal. Posteriormente, no pocos actores alrededor de la entidad blanquiverde han puesto en duda esa legalidad. De hecho, Joaquín Zulategui, hombre de Bitton Sport, interpuso una demanda por supuesta apropiación indebida, principalmente, por esa indemnización del Córdoba a Grucal. El propio Zulategui y el exmáximo accionista y expresidente, Carlos González, han reconocido en las últimas semanas que van de la mano. Y no solo en este asunto.
Habría que remitirse a hace justo dos años, cuando a inicios de julio del 2017, el entonces presidente del Córdoba e hijo de Carlos, Alejandro González, anunciaba una demanda de dos millones de euros de indemnización contra el Ayuntamiento de Córdoba. Alejandro González avisaba de que «la gente tiene que ser consciente de que la decisión del Ayuntamiento de quitarnos la ciudad deportiva le va a costar dinero a los cordobeses». Es más, el hijo del entonces máximo accionista declaró a diversos medios que «parece que las cosas van a esclarecerse ahora y podremos avanzar. La Fundación ha presentado ahora la reclamación de cantidades al Ayuntamiento por los terrenos del Parque del Canal, por una cantidad muy próxima a los dos millones de euros en gastos directos». Una cifra que llamó mucho la atención en aquel momento y que se entiende con la indemnización que debía abonar a Grucal por la no realización de la citada ciudad deportiva.
En esos dos millones iban incluido el casi millón de euros que suponía la indemnización por la no realización de la ciudad deportiva en el Parque del Canal, una indemnización recogida en un addendum al contrato firmado en octubre del 2014 entre el club y Grucal y al que ha tenido acceso este periódico.
En dicho addendum se recalca que la parcela ha sido ya cedida con fecha «24 de abril del 2015 y que «si bien el Córdoba CF SAD no es titular de dicha concesión, a todos los efectos ha de interpretarse que el contrato es válido en todo su clausulado, obligando a las partes al cumplimiento del mismo en los términos allí acordados y en los que se recogen en el presente addendum».
En el apartado segundo del documento existen dos partes: en la primera, se deja claro que «para el caso de que no se iniciaran las obras antes del 25 de octubre del 2015, la propiedad -es decir, el Córdoba CF- perderá las cantidades entregadas a cuenta del precio y que hubiera puesto a disposición de Grucal».
En el apartado segundo, el más importante, se especifica que «para el caso de que en el plazo de un año, a contar desde la fecha de formalización del contrato, no se hubieran iniciado las obras» de realización de la ciudad deportiva de la entidad blanquiverde «el contratista -es decir, Grucal- tendrá derecho a percibir en concepto de indemnización el 20% del valor total del contrato, sin perjuicio de lo estipulado en la cláusula Cuarta del Contrato y de las penalizaciones previstas en el mismo». Finaliza el addendum detallando que «dicha indemnización (del 20% del precio total) será satisfecha dentro de los 15 días naturales posteriores al transcurso de un año a contar desde la formalización del contrato, esto es, antes del 12 de noviembre del 2015, inclusive». El addendum se firma en Córdoba el 25 de abril del 2015 y por parte del Córdoba (con el sello del club) firma Carlos González González, mientras que por parte del Grupo Constructor Grucal lo hace Jesús León López.
Ese 20% aplicado al importe total de la realización de la ciudad deportiva suponía una cifra cercana a los 900.000 euros que Grucal debía haber cobrado, si nos atenemos al mencionado addendum, en noviembre del 2015. González nunca la abonó a Grucal, aunque sí la reclamó al Ayuntamiento en una demanda que rechazó incluso el Tribunal Supremo. Posteriormente, Grucal -o Jesús León- solo llegó a cobrarla cuando compró el paquete mayoritario de acciones del Córdoba, dos años y tres meses después de la fecha tope en la que debía ser abonada. El cobro se hizo a finales del 2018, tres años después de la fecha a la que estaba obligada en la entidad blanquiverde y con González habiendo ingresado ya la mitad de los 9,5 millones que ingresó por el club. Al Ayuntamiento sí «le consta».
