El juez de lo Mercantil tiene en su despacho, hasta ahora, dos ofertas. Una, con venta autorizada ya, por la unidad productiva del Córdoba CF al grupo inversor de Baréin Infinity, representado en España por Crowe. La otra, presentada en la tarde del pasado miércoles, por la SAD completa y con el compromiso de cerrar un acuerdo con Jesús León y con Carlos González, así como depositar tres millones de euros en la cuenta del Juzgado. Paralelamente, ya se elevó a público el acuerdo cerrado entre Luis Oliver y Carlos González, una cercanía de la que ya se dio cuenta en este periódico el pasado mes de junio y que vive sus momentos álgidos en las últimas horas, ya que ambos comieron juntos ayer en Madrid. También está la oferta vinculante firmada por Luis Alberto Escolano, de la que se informó en estas líneas hace unos días pero que también requiere de acuerdos por una de las partes.

La madeja blanquiverde ha aumentado de tal manera que incluso varios «terceros», como los denominó ayer Estepa, intentaron mostrar interés y moverse para ganar terreno y tener alguna opción, pero paulatinamente han ido retirándose de un escenario que cada vez más recuerda al camarote de los hermanos Marx. Fuentes Bujalance lo dijo en su auto y Estepa lo recordó ayer: el problema del Córdoba CF es de tiempo y de dinero. Habría que añadir uno más: legalidad. Porque cada paso que se da parece apretar aún más la cuerda sobre el cuello de la entidad blanquiverde. La RFEF señala ahora al juez Fuentes Bujalance y Crowe se marcha al organismo federativo. Infinity intenta dar pasos para adelantar otra batalla en caso de que finalmente tenga la unidad productiva: su legitimidad para seguir compitiendo. Enfrente tendrá a la RFEF.