Otro capítulo más en la batalla judicial. Los administradores judiciales del Córdoba CF, Francisco Estepa y Javier Bernabéu, han emitido una nota oficial en la que exponen los resultados de una investigación interna realizada a propósito de una denuncia realizada en su día por un acreedor anónimo ante el Consejo General del Poder Judicial en pleno proceso de nombramiento del juez Fernando Caballero como sustituto del recusado Antonio Fuentes.
Ese acreedor ponía en duda la independencia e imparcialidad de los jueces encargados del 'caso Córdoba' -con la venta de la unidad productiva como eje central-, aludiendo a los lazos de amistad entre Fuentes y Caballero, además del administrador concursal Daniel Pastor, que sigue ligado al Córdoba por su condición de miembro único de la comisión de seguimiento del concurso de la temporada 11-12, que Fernando Caballero llevó como juez de lo mercantil.
Para el denunciante, la prueba de esa connivencia serían unos pases de favor con números correlativos para asistir a partidos de la temporada 2015-16, en Segunda División. Esos carnés habrían sido entregados por el club a Antonio Fuentes y Fernando Caballero. Ambos jueces también fueron denunciados por Bitton Sport, empresa propiedad de Luis Oliver y Joaquín Zulategui, ante el TSJA por la presunta comisión de un delito de cohecho.
La respuesta de los administradores
A través de sus canales oficiales, el Córdoba CF indica que "durante el mes de mayo del presente año se detectó desde el Córdoba Club de Fútbol SAD la difusión en redes sociales de imágenes relativas a cuatro pases de acceso al Estadio correspondientes a la temporada 2015-16".
"Las imágenes de los pases mostraban con claridad diversos datos personales", añaden, por lo que "dado que tal hecho podría suponer una vulneración de la normativa vigente sobre protección de datos de personas físicas -a mayores, siendo las personas afectadas funcionarios públicos, con la condición de autoridad judicial-, con la consiguiente posibilidad de exigencia de responsabilidad al Córdoba Club de Fútbol (por infracción de los principios de exactitud de los datos, tratamiento de datos basado en el consentimiento y deber de confidencialidad), internamente se inició una investigación, conforme al Programa de Cumplimiento Normativo de la Sociedad aprobado por su Consejo de Administración en sesión de 25 de julio de 2016".
Después de un proceso interno de "análisis y averiguación", los administradores informan de que "no consta en los archivos del Córdoba Club de Fútbol ni ha podido obtenerse evidencia alguna de petición y/o solicitud de ningún tipo por parte de las personas a cuyo nombre se emitieron los pases".
"No consta en los archivos del Córdoba Club de Fútbol ni ha podido obtenerse evidencia alguna de que se obtuviera por la Sociedad, con carácter previo, consentimiento alguno de las personas a cuyo nombre se emitieron los pases, para poder tratar sus datos personales (pese a ser legalmente obligatorio), de hecho no constan esos datos personales necesarios para emitir abonos-pases nominativos", continúa el comunicado, que especifica que "no ha podido obtenerse evidencia alguna de que los pases fueran recogidos, enviados y/o se les hubiera hecho entrega de cualquiera otra forma a las personas a cuyo nombre se emitieron".
Los administradores han mantenido contactos con los organismos futbolísticos y han realizado "petición expresa de información" a la Liga Nacional de Fútbol Profesional (entidad sobre la que recae el control de acceso a los estadios de fútbol en la temporada para la que se emitieron supuestamente dichos pases), por parte de su Departamento de Infraestructuras. "Tras realizar una revisión de la base de datos de la temporada 2015-16 se certificó que los pases no fueron nunca usados (“no consta que los indicados pases hubieran sido leídos por el sistema de control de accesos”).
El Córdoba ha hecho público el certificado de LaLiga sobre un asunto que significa un obstáculo en el proceso en marcha del nombramiento de Caballero como sustituto de Fuentes. La denuncia de este acreedor, desvelada en mayo por Canal Sur, provocó una furibunda reacción del máximo rector blanquiverde y brazo fuerte de Infinity en el club, Javier González Calvo, quien instó a los aficionados a "denunciar" a los "acreedores ficticios" cuya única intención es "paralizarlo todo" y hacer que "el Córdoba no se salve". El extremeño llegó a ofrecer, de manera gratuita, su despacho de abogados -Crowe- para los cordobesistas que quisieran presentar querellas contra "las cuatro o cinco personas que no dejan al Córdoba en paz".
