Lo que se divisaba en el horizonte desde hacía meses, posiblemente desde que se hiciera el traspaso accionarial del Córdoba, en enero del 2018, toma cuerpo de realidad en el verano del 2019. La batalla judicial está servida. Entre otras cosas, porque existe mucho mar de fondo, más allá del que sale a la luz en el día a día. Y, paulatinamente, éste va a ir aflorando, lo que obligará a cambiar la perspectiva en más de una ocasión en el entorno de la entidad blanquiverde.

El día comenzó ayer fuerte. Aglomerados Córdoba, la empresa tenedora de la mayoría accionarial del club blanquiverde, anunciaba que abonaría a lo largo del mes de agosto («en dos o tres semanas») los 4,5 millones de euros del último pago a Azaveco. El retraso en el pago, que debía de hacerse el pasado miércoles, se debía a que «Aglomerados se encuentra inmersa en el cierre de una operación financiera iniciada en los últimos meses», aunque la empresa de Jesús León intentaba transmitir un mensaje de «tranquilidad y confianza», ya que admitía ser consciente de la falta de «estabilidad que no ha disfrutado en los últimos tiempos». La reacción de Carlos González fue casi fulminante. A mediodía reiteró en varios medios la exigencia de devolución de las acciones. En la Cadena Ser, el exmandatario aseguró que «desde hoy soy el máximo accionista» y que «si León pretende judicializar el club, no tendremos más remedio. Pero espero no llegar a eso», comentó. «Espero que hoy sus abogados se pongan en contacto con los nuestros para llevar a cabo el traspaso. Que no se haga más daño. Si no, instaremos al secretario del consejo de administración para que convoque una junta extraordinaria».

Las declaraciones del exdirigente parecieron premonitorias, ya que este periódico pudo saber durante la tarde-noche de ayer que el Córdoba tiene cerrada una querella contra toda la etapa de la administración de González en la entidad blanquiverde por varios presuntos delitos, que abarcan desde la administración desleal hasta la corrupción entre particulares. De fondo está la peritación que un equipo de abogados y economistas han realizado de la auditoría que hiciera en su día BDO y de la que informó este periódico. Dicho equipo está coordinado por el despacho Agaz Abogados, en el que está al frente José Enrique Rodríguez Zarza.

Por lo tanto, el Córdoba se verá abocado a una batalla judicial con dos frentes claros. Uno de ellos será el procedimiento civil (aunque también se puede hacer por vía notarial) que iniciará González para la recuperación del paquete mayoritario de acciones de la entidad blanquiverde. Un proceso que puede durar en torno a seis meses para que se vea aunque también podría irse a más de año y medio en caso de que el juez la estime como una «causa compleja».

Por el otro, la vía penal, que será iniciada por León ante lo que sus abogados entienden «múltiples irregularidades» en la gestión, detectadas tras la peritación tanto del club como de la citada auditoría y que León ha estado meditando presentarla hasta ahora esperando un acuerdo, a todas luces imposible.

Queda mucho por andar, pero no sería descartable, como en el caso del Cádiz, de una subasta, aunque en este caso el acreedor pignoraticio (González) no podría ejercer el derecho sobre dichas acciones, entre otras razones, porque «se necesita el acuerdo del consejo y de la junta de accionistas, un control que González no tiene», según informaron a este periódico fuentes de Agaz Abogados. En cualquier caso, solo la pausa de agosto puede salvar la batalla judicial en el Córdoba.