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LA ETAPA DE GONZÁLEZ EN EL CLUB

Camino de los tribunales

Exmandatarios y minoritarios entienden que por las informaciones y la documentación expuestas en los últimos días en este periódico el actual Córdoba debe actuar judicialmente contra los anteriores gestores

 

Carlos González, en una entrevista concedida a este periódico. - AJ GONZÁLEZ

IGNACIO LUQUE / JOSÉ A. PÉREZ LUNAR
10/01/2019

«Con lo que vosotros habéis sacado, de ser cierto y que no pongo en tela de juicio porque lo habéis justificado con informes oficiales y documentación rigurosa, lo único que le queda al actual consejo de administración es exigir las responsabilidades por el ejercicio de la actuación judicial». Así de claro se manifestaba ayer el exvicepresidente del Córdoba, Antonio Prieto, sobre las informaciones publicadas en los últimos días por este periódico en las que un informe de la Abogacía del Estado, en base a una auditoría de BDO encargada por el CSD a instancias de LaLiga, veía «indicios de delito» en la gestión de la etapa de Ecco Documática y Azaveco al frente de la entidad blanquiverde.

Prieto recordó que «como aficionado y anterior directivo, ahora mismo hay una situación bastante difícil a nivel económico y financiero, y también desde el punto de vista patrimonial y de liquidez», por lo que avisó de que «no me gustaría que esto fuese una acción para tapar carencias de gestión económica y deportiva de la actual propiedad». Porque el que fuera dirigente en la etapa de José Miguel Salinas al frente del club insistía en que «los hechos que se han puesto en conocimiento, y que vienen del informe de la Abogacía del Estado, consecuencia de una auditoría, son muy graves. Afectan a la gestión de la sociedad. Y obligan por responsabilidad a los actuales gestores del club a iniciar actuaciones judiciales, como han anunciado, porque no cabe otra opción si quieren salvaguardar los intereses de la sociedad», de ahí que insistiera en que «la posible demanda que se anuncia que se va a poner no debería ser moneda de cambio con respecto a ninguna otra situación o litigio o cualquier tipo de relación que tenga la actual propiedad con la anterior propiedad».

Por su parte, el que fuera presidente del club, Francisco Rojas, fue contundente: «No me sorprende lo que publicáis a la vista de los indicios de la Abogacía del Estado, que son bastante sólidos». Rojas argumentó que «lo que me extraña es que no haya salido antes, por los ingresos que ha habido en el club, los déficits no cuadraban». Además, comentó que «cuando se empiezan a interponer tantas sociedades, ya es para sospechar» y, al igual que Prieto, avisaba de que «el club no solo puede, sino que debe personarse judicialmente ya. Porque en caso de no hacerlo, encima de perjudicado es responsable subsidiario».
Para Rojas, la relación con FMS «es un escándalo» y para el caso de los dos empleados de Ecco con 20 años de antigüedad y despedidos posteriormente por el club respetándoles dicha antigüedad, no pudo ser más claro: «Eso es una golfada». Además, incidió en la «sospechosa» compra de acciones a minoritarios, que también mostraron su opinión a través de su portavoz y vicepresidente, Antonio Garcés. «Es algo legal, se puede hacer. Si él lo hizo porque lo estimó oportuno, por lo que habéis publicado pudiera ser, pero no lo sabemos hasta que no veamos documentos». Garcés incidió en los ocho millones de euros como derecho de cobro del club a pagar por Ecco Documática, una vieja reclamación de los pequeños accionistas. «Sorprende que el club esté en una deuda terrible, en causa de disolución, y Jesús León no se preocupe de este tema. Ocho millones de euros supondrían la salvación del Córdoba. Queremos hacer hincapié en este asunto. ¿Por qué Jesús León no apuesta por desentramar lo que está pasando en ese tema?», se preguntó.

Este periódico se puso en contacto ayer con los expresidentes Rafael Campanero y José Miguel Salinas, con el exvicepresidente Fernando Peña y con Pedro Campos, que declinaron hacer ningún tipo de valoración sobre la gestión pasada del club.

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