Los administradores judiciales han emitido el primer informe, el que corresponde a su primer mes de gestión al frente del Córdoba CF, al Juzgado de Instrucción número 5 de Córdoba CF. Además de hacer un repaso sobre la SAD que se encontraron, Francisco Estepa y Javier Bernabéu también informan de la postura de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en la reunión que el primero tuvo con su departamento jurídico, en Madrid, unos días después de asumir la tutela judicial de la entidad blanquiverde. Asimismo, responden con dureza a la providencia del magistrado Antonio Rodríguez Moyano a raíz del escrito presentado en dicho Juzgado por Joaquín Zulategui el 29 de noviembre, sobre el que afirman que «podría resultar indiciariamente la participación del señor Zulategui, con evidente ánimo de lucro, en el vaciado patrimonial del Córdoba CF SAD durante el tiempo que fue consejero del club».

El informe abarca el periodo del 9 de noviembre al 9 de diciembre y Estepa y Bernabéu dejan claro que «los gastos de deslazamientos, suplidos y demás desembolsos incurridos por la administración judicial en el desemeño de su cargo han sido atendidos por cuenta y cargo de los administradores judiciales, sin que se haya pasado nota de gasto alguno a la entidad administrada», a pesar de haber acompañado al equipo en los viajes realizados, por ejemplo.

Estepa y Bernabéu indican que tras contactar con Daniel Pastor, los impagos de créditos sometidos al convenio (al abierto en el 2011 y cerrado hace menos de un mes) ascendían a más de 543.000 euros, de los que 365.000 correspondían a proveedores y 158.000 a administraciones públicas. Los administradores judiciales indican al juez que ello «suponía un riesgo grave y cierto de cese de actividad del club, el cual se encontraba bajo amenaza real de desaparición al poder declararse la liquidación de la entidad».

Asimismo, los administradores indican en el informe las obligaciones de pago de casi cuatro millones de euros a 30 días, mientras que los ingresos eran cero. La deuda con la Agencia Tributaria, a 17 de octubre, era de 564.518 euros, mientras que con la TGSS, a 16 de octubre, alcanzaba los 129.960 euros.

Lo recaudado entre la fila cero, aportaciones, venta de camisetas y entradas para el duelo ante el Mérida fue de 37.869 euros, por un lado, y 65.575 euros por otro: algo más de 100.000 euros, que «se destinó al pago de los gastos corrientes imprescindibles».

También informan a Rodríguez Moyano de la reunión de Estepa, el 19 de noviembre, con los asesores jurídicos de la RFEF, sobre la que detallan su postura en relación a la venta de la unidad productiva en el informe que, «en todo caso, con independencia de la hipotética posición procesal que pudiera mantener dicho organismo con relación a tal opción, en último término acataría lo que resolviera con carácter firme por los juzgados y tribunales».

Pero sin duda, donde se muestran más duros los administradores es con el escrito de Zulategui, en el que «se realizan una serie de inciertas y graves afirmaciones» por las que «llega a insinuarse, inclusive, la participación del propio juez de lo Mercantil» en «un plan preconcebido para la venta del club». En 16 puntos no solo desmontan dicho escrito, sino que además señalan que, a través de dos empresas, WACC y Sitnosport, el que fuera secretario del consejo de administración recibió pagos por 39.160 euros, por un lado, y de 396.294 por otro. Una información en la que refieren los administradores que no tiene el correspondiente sustento contractual o, en su defecto, fueorn contratos pasados luego a otras empresas, como Bitton, y sobre lo lo que ya avisaba una auditoría de BDO el pasado 28 de junio del 2018.

Por ello, Estepa y Bernabéu no dudan en afirmar que «de lo expuesto y referido anteriormente podría resultar indiciariamente la participación del señor Zulategui, con evidente ánimo de lucro, en el vaciado patrimonial del Córdoba CF SAD durante el tiempo que fue consejero del club».

El próximo informe, el 9 de enero, aunque el primero ya parece que traerá cola.