El sector agroganadero de España, y con él el de Córdoba, está en pie de guerra desde hace meses. Los productores consideran insostenible la situación por la que pasan las explotaciones por su falta de rentabilidad. Si hace unos meses las movilizaciones se centraban en el aceite y sus bajos precios, actualmente son varios los factores que están haciendo a los productores del sector primario temer por su futuro. La mala situación de los empresarios tiene como daño colateral o como consecuencia directa que los trabajadores del campo vean cómo también están en peligro sus jornales y el pago de los mismos de acuerdo con lo fijado en los convenios. El aumento del salario ha sido otro de los factores que ha venido, según las organizaciones agrarias, a poner una piedra más en el camino. Para exigir soluciones han convocado una concentración en Adamuz el próximo día 13 y una tractorada en Lucena al día siguiente, con la que cortarán la A-45.
Crisis histórica
Todos estos datos y algunos otros asuntos que preocupan al medio rural, como el riesgo de despoblación o la falta de relevo generacional, están haciendo que algunos de los interlocutores consultados por este periódico consideren que se está viviendo en el campo la peor crisis de la última década, porque, sobre todo, las pequeñas explotaciones no dan ya para vivir de ellas y no son pocas, especialmente ganaderas, las que están cerrando. Sin embargo, para los sindicatos, pese a la denuncia de algunas cuestiones criticables, sobre todo en materia de salarios, «hemos vivido momentos peores».
Los precios
El principal motivo que está llevando a los agricultores y ganaderos a las carreteras y las calles de las ciudades con sus protestas es la falta de rentabilidad de las explotaciones, según indican todas las organizaciones consultadas (Asaja, COAG y UPA). Incluso, los sindicatos mayoritarios han asegurado entender la situación. La explicación es clara: los agricultores se gastan en sacar adelante su cultivo o su producto mucho más de lo que después cobran por él y, además, cuando el producto es colocado en los expositores de los comercios el consumidor ha de pagar en algunos casos hasta siete veces más de lo que ha recibido el agricultor. Se da la circunstancia de que algunos cultivos se están pagando, como es el caso de los cereales, con precios de hace dos décadas, mientras que el producto final y los costes de producción han ido subiendo, como mínimo, al ritmo del IPC. Datos difundidos esta semana por la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos indican que en los años 2018 y 2019 los precios pagados a los agricultores y ganaderos solo subieron un 0,6% de media, mientras que los de la alimentación al consumidor final aumentaron en 4,7 veces y los precios a la exportación en 2,8 veces.
La ganadería
Esta misma problemática viene sufriendo la ganadería, donde el precio que se viene pagando por una cabeza apenas costea el gasto que supone la crianza de la misma. En las explotaciones pequeñas cada vez es menos rentable, explican los ganaderos, el mantenimiento. Solo las grandes explotaciones consiguen amortizar la inversión gracias al abaratamiento de costes que supone comprar los medios de producción, así como por el volumen de las ayudas a las que tienen acceso. Junto al aumento del precio de piensos, energía o mantenimiento de explotaciones, la sequía también ha hecho que haya que recurrir en muchos casos a suplir el alimento que proporcionaba el campo, con lo que al recurrir a más pienso también suben los costes de producción.
La distribución
El gran caballo de batalla para combatir el desequilibrio de los precios de origen y destino es poner coto a las grandes cadenas de distribución, que son las que están llevando al caos al sector primario, según los agricultores, al que obligan a vender sus productos a pérdidas sin que luego exista un control real sobre el precio final que debe abonar el consumidor.
Por ello, todas las organizaciones reclaman que se revise la Ley de la Cadena Alimentaria, que garantice un equilibrio en la evolución del precio desde la salida del campo hasta la llegada a los lineales comerciales. Fuentes consultadas por este periódico indican que el sector de la alimentación en España está en manos de seis grandes grupos, que juntos suponen un 54,4% del volumen de ventas a nivel nacional y que son los que acaban poniendo las condiciones comerciales de la actividad. Esta misma ley también debe contemplar, según los productores, directrices claras para evitar que se utilicen productos reclamo, como suele ocurrir con el aceite, que, apuntan «banalizan el producto».
Los aranceles
Aunque no ha sido este el problema originario, también han venido a agravar la situación, sobre todo en el subsector del olivar y el aceite, los aranceles que Estados Unidos ha impuesto a España. Esto ha debilitado aún más la actividad oleícola, que ha visto cómo uno de sus principales mercados exteriores ha volcado sobre ellos la revancha por las facilidades dadas a otro sector que nada tiene que ver con la agricultura: el aeronáutico. Junto a ello, una cosecha récord que puso mucho producto en el mercado impidió que los precios se recuperaran. Y sin embargo, este año, que la cosecha ha sido muy inferior, tampoco han funcionado los sistemas establecidos, como la autorización del almacenamiento privado, para recuperar el precio.
Calidad y terceros países
Otro de los quebraderos de cabeza para los agricultores andaluces es la competencia «desleal», según apuntan, de países terceros con la connivencia de los sucesivos gobiernos, que han firmado acuerdos comerciales preferenciales con territorios que son competidores directos de España. Se trata de unos acuerdos, según señalan Ignacio Fernández de Mesa (Asaja), Miguel Cobos (UPA) y Carmen Quintero (COAG), que no ponen coto a las cantidades a importar, ni a las fechas ni a las condiciones de trazabilidad y calidad que deben presentar los productos. El subsector que más está sufriendo esta circunstancia es el de los cítricos, pero también con el aceite a granel se está dando, así como con el cereal o el ajo. Señalan que, en España, a los productores se les plantean una serie de exigencias y garantías de calidad y controles que después no son aplicados a los productos que llegan de fuera a precios mucho más bajos y con calidades, casi siempre, inferiores.
La PAC
Esta crisis agraria se está produciendo en plena negociación de la nueva Política Agraria Común (PAC), una negociación que vendrá marcada por esta falta de rentabilidad y por un temor del sector a perder parte de la asignación que suele recibir España. En este sentido, desde Asaja se viene exponiendo el miedo de esta organización a que se establezcan unos criterios excesivamente ambientalistas para asignar los repartos. Es decir, que pese más el aspecto medioambiental que el productivo. Desde COAG y UPA se insiste en que el objetivo del Gobierno español en la negociación ha de ser no perder fondos, algo en lo que el propio ministro, Luis Planas, ha insistido señalando que será ese el principal objetivo. Otro de los aspectos que preocupa en el ámbito agrario es el de quiénes han de ser los receptores de las ayudas. En este sentido, hay organizaciones como UPA o los sindicatos que piensan que se debe revisar el procedimiento para que las ayudas vayan realmente a los agricultores con actividad real productiva, porque actualmente el 80% de las ayudas van a grandes propietarios que no cultivan gran parte de las tierras, lo que también ayuda, según indica Manuel Merino, de CCOO, a que no se luche por unos precios justos y facilite la venta a pérdidas.
Los salarios
Desde algunos foros relacionados con el mundo agrario también han intentado añadir al problema del sector la subida de los salarios como un hecho agravante más. Asaja cree que este aumento «es un poco más de aliño a la situación», pues incrementar un 5% el salario tiene «un efecto negativo» para la renta del agricultor, apunta Ignacio Fernández de Mesa. Por su parte, Carmen Quintero (COAG) considera muy positivo que se mejoren los salarios de los trabajadores pero, si esta subida se une «a la subida del gasóleo y de los demás medios de producción si no se suben los precios a los productores, las rentas de los agricultores caen en picado». Porque además, indica, «los agricultores tardamos en cobrar hasta ocho meses por nuestros productos». Sin embargo, Miguel Cobos (UPA) no cree que tenga nada que ver el salario con los problemas actuales del campo, «nuestras movilizaciones vienen de antes y los problemas también. Igual que tampoco tiene nada que ver la subida del salario con el aumento del paro de enero en el campo. Este paro se debe a que las cosechas de aceituna y naranja han sido muy inferiores a lo normal».
Sindicatos y convenio
Los sindicatos del campo también comparten la opinión de que la situación en el medio agrario es delicada. UGT y CCOO coinciden en que la falta de rentabilidad es real y respaldan las movilizaciones. También creen que son las grandes distribuidoras y los intermediario los que se llevan todo el beneficio del proceso productivo agrario. Pero discrepan en que el sueldo que cobran los jornaleros tenga una influencia en la situación. Manuel Merino (CCOO) indica que el salario medio de un recolector está en unos 45 euros diarios, jornal que se queda por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI). José Parras, de CTA, insiste en que la mayor parte de las labores agrarias se pagan por debajo del SMI y que en muchos casos no se llega ni a respetar el convenio.
En este sentido, coinciden Parras y Merino en indicar que, aunque se firma el convenio (por UGT y CCOO con Asaja y COAG) y lo aceptan, luego algunos empleadores pagan el salario pero por un trabajo a destajo (que está prohibido). Es decir, que por el sueldo establecido el trabajador no puede abandonar el tajo hasta haber cubierto la tarea fijada (un camión de naranja o determinados kilos del producto). Desde CTA son más duros, pues indican que hay empresarios que no declaran todas las jornadas que se realizan para ahorrarse la Seguridad Social y luego algunos trabajadores han de recurrir a pagar la peonada aparte para tener acceso al subsidio. Por su parte, Pedro Téllez, de UGT, reconoce que hay que seguir trabajando para que se generalice el salario del campo por encima del SMI, algo en lo que, asegura, se va avanzando año a año con los convenios que se vienen firmando.
