Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA participarán mañana en la sectorial del vino con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, al que pedirán ayudas para los viticultores, que a su juicio sufren un hundimiento de precios en origen por parte de las bodegas.
Las organizaciones emitieron ayer un comunicado conjunto en el que aseguran que «se unen para exigir el cumplimiento de la ley de cadena alimentaria en el sector del vino» y que en el encuentro reclamarán un plan de apoyo urgente. Detallan que sus peticiones se dirigen por una parte hacia los bodegueros por los precios en origen y, por otra, a los gobiernos Central y autonómicos.
Respecto a los compradores de uva, consideran que «algunas bodegas están actuando con coacciones y de forma desleal, obligando al productor a manifestar expresamente que no vende la uva a un precio inferior a sus propios costes de producción», lo que han calificado de «práctica inmoral e ilegal».
De acuerdo con sus datos, se están pagando precios «hasta un 30% inferiores a los del pasado año» sin «causas que justifiquen dicha caída», ya que se prevé una campaña menor, en torno a los 41-43 millones de hectolitros.
En cuanto a las administraciones, desde Asaja, COAG y UPA reclaman distintas medidas, que recogen en un documento y que se relacionan con que se «clarifique cómo determinar los costes de producción que el precio debe cubrir» y que haya mayores controles de la AICA para verificar el cumplimiento de la ley de la cadena. Además, solicitan que Ejecutivo y autonomías destinen «fondos específicos para salvar al sector del vino», como han hecho países competidores; que haya ayudas europeas de mínimis, al ser factibles en tiempos de crisis; que los agricultores reciban ayudas de los fondos por la crisis de la covid y que se eleven «las prestaciones vínicas al 15%, frente al 10% actual en las medidas de retirada.
Críticas de la Junta
Andalucía ha cifrado la pérdida de recursos para el sector del vino en 1,3 millones de los fondos europeos por la gestión del Gobierno central, según un informe de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible que presentó ayer al Consejo de Gobierno.
En ese informe se exponen las acciones emprendidas para compensar la pérdida de recursos que ha generado a Andalucía la fórmula, vía real decreto, articulada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para activar medidas extraordinarias en el sector del vino para hacer frente a la crisis provocada por el covid-19.
Según la Consejería, el sistema utilizado en esta convocatoria por parte del Gobierno ha sido diseñado en beneficio de otras comunidades autónomas, pues se trata de una convocatoria a cuya financiación Andalucía aporta 1,8 millones de euros de fondos del Feaga que ya le habían sido asignados y, finalmente, el sector vitivinícola andaluz recibirá solo 380.000 euros.
