Otro tipo de ciudad es posible. El estado de alarma decretado con la expansión del covid-19 sirvió para certificar, aunque de forma dolorosa por el elevado y triste coste humano, que reducir la contaminación no es una utopía. El objetivo, una vez se logre atajar la crisis sanitaria, es avanzar hacia urbes con menos polución atmosférica y más amables para la ciudadanía. Es una estrategia que apuesta por modos de transporte más compatibles con la salud y el bienestar.
Muchos son los países europeos, entre ellos España, que han abierto ya el debate sobre la bicicleta como gran aliada para una desescalada más segura. Cada día más metrópolis españolas, con Bilbao, Valencia o Barcelona a la cabeza, aumentan su compromiso con la movilidad sostenible. Las medidas consisten en ampliar aceras, ganar zonas paseables, limitar la velocidad urbana, reducir los ciclos semafóricos, restringir el tráfico innecesario por los centros urbanos, potenciar el uso de la bicicleta o establecer caminos escolares seguros. Vigo es una de esas ciudades que también se ha volcado en la creación de carriles bici, con su alcalde Abel Caballero como gran defensor de la bicicleta y la movilidad sostenible, un tema que ha llevado también a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). El vehículo eléctrico es ahora su gran apuesta.
Pero no sólo las grandes áreas de población empiezan a virar en sus políticas de transporte urbano. Localidades como Pontevedra, que no llega a los 90.000 habitantes, lleva casi dos décadas ganando espacio para los peatones en detrimento de los coches. En apenas unos años logró que el casco histórico sólo tuviese el tráfico imprescindible para emergencias y residentes. Las críticas por este tipo de iniciativas son algo generalizado allí donde los responsables políticos, de todos los signos, deciden iniciar la «revolución». Suele convertirse, además, en arma arrojadiza entre la oposición y los equipos de gobierno locales. Madrid, incluso, trató de revertir la iniciativa de acotar el paso de los vehículos contaminantes por el centro de la capital puesta en marcha por el equipo de Manuela Carmena en la anterior legislatura.
Los Pemus (Planes de Movilidad Urbana Sostenible), con sus objetivos y grados de cumplimiento de estas políticas, son la mejor radiografía de una ciudad. Bilbao, por ejemplo, es una de las que mayor compromiso tiene con la creación de áreas peatonales, la oferta de transporte público, la bajada de la contaminación y el ruido, o la transparencia, según un informe elaborado por Greenpeace. El estudio destaca los casos positivos de Barcelona o Valencia frente a ciudades con mayor uso del coche como Pamplona, Palma, Santiago o Albacete, que suspenden en la clasificación. Bilbao es la ciudad de las doce analizadas en este estudio mejor valorada en movilidad con una puntuación de 6,9 sobre 10. Le siguen en segundo lugar Valencia (6,6) y en tercer puesto Barcelona (6,5). En el otro extremo del ranking, las peores posiciones son para Santiago (4,4) y Albacete (3,7). Estas dos últimas, aunque ofrecen condiciones favorables para los viajes de proximidad, carecen de Planes de Movilidad suficientemente precisos. Es, precisamente, en las localidades más pequeñas donde más se abusa del coche para trayectos cortos, que serían fácilmente realizables andando o en bicicleta. Rectificar ese planteamiento requiere un cambio de mentalidad ciudadana.
Sevilla y Madrid obtienen una puntuación intermedia de 5,9 puntos. La ciudad andaluza destaca por sus buenos índices en los desplazamientos a pie y en bicicleta, mientras que Madrid se había adentrado en la senda de las buenas medidas como el Protocolo Anticontaminación o Madrid Central. Tras el paso por las urnas, el cambio político en la capital amenazó con desandar el camino de Manuela Carmena en cuanto a movilidad, aunque sólo se desmontó a medias, gracias a una resolución judicial. En Zaragoza (5,5) y Málaga (5,2) se observan avances en la buena dirección, aunque requieren medidas más contundentes para mejorar. Con un suspenso figuran Murcia (4,8), Pamplona (4,6) y Palma (4,6), donde el uso del coche sigue siendo mayoritario pese a los esfuerzos. Alicante también es una de las ciudades que tiene por delante un largo trecho por recorrer en cuanto a movilidad sostenible. El alcalde Luis Barcala anunció a finales del 2019 su apuesta por ir hacia una Ciudad 30, reduciendo la velocidad en aproximadamente el ochenta por ciento de las calles a 30 km/h. Un estudio de hace dos años que la Generalitat Valenciana realizó para el conjunto de ocho municipios del área Alicante-Elche arrojaba datos para la reflexión. Los viajes motorizados en medios privados se acercan al 90% por la falta de conexión entre los grandes núcleos de población y sólo el 10% es transporte colectivo.
Para Greenpeace, luchar por un transporte sostenible en las ciudades equivale a una auténtica «revolución urbana» en la batalla contra los gases de efecto invernadero. Además, la progresiva expansión de las ciudades convierte esta revolución en más urgente que nunca.
