El respaldo necesario

Pero la incertidumbre del agricultor o del ganadero no acaba con las inclemencias del tiempo y su afección en la producción, sino que las dudas se extienden también al precio al que cotizarán sus productos y a cómo le afectan los cambios normativos que puedan ir surgiendo en cada momento, por no hablar de las decisiones de otros países que pueden repercutir de distinta forma en el negocio agrario, como los aranceles, acuerdos comerciales, competencia de terceros países, etcétera.

Son muchas, por tanto, las cuestiones que ponen en riesgo la rentabilidad de la actividad agraria y ante esta situación es comprensible que el empresario agrícola pueda parecer que está indefenso. Pero no lo está.

La Junta de Andalucía, a través de nueve entidades -COAG, UPA, Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, Agama, Federación de Arroceros de Sevilla, Surveco Veterinarios, Asociación de Agricultura Sostenible de la Comarca de Baena, Galpagro y Basallen- ofrece servicios de asesoramiento técnico gratuito a agricultores y ganaderos para la gestión de sus explotaciones. Recientemente, la Junta ha seleccionado a estas entidades para asesorar a los productores sobre asuntos como buenas prácticas agrarias y medioambientales, así como las obligaciones derivadas de la directiva marco de aguas, la gestión integrada de plagas, medidas del Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020 o cuestiones relacionadas con la seguridad laboral, entre otros aspectos.

En el caso de Córdoba, las entidades atenderán 2.844 solicitudes de asesoramiento, 1.002 de ellas destinadas a olivareros. De esta forma, la provincia cordobesa será la que más servicios preste después de la de Sevilla.

Las organizaciones agrarias son, sin duda, el principal respaldo de los productores. Ofrecen información y asesoramiento a sus asociados sobre las distintas cuestiones que les afectan, especialmente las relacionadas con la gestión de las explotaciones -impuestos, contrataciones, cotizaciones, etcétera- pero también cuentan con servicios que les proporcionan asesoramiento de carácter jurídico o apoyo en la tramitación de ayudas -principalmente las de la PAC- o seguros. Además, las asociaciones empresariales proporcionan información sobre las novedades del sector, así como sobre las lonjas y formación en materias de interés para ganaderos y agricultores en ámbitos tan diversos como normativa, prevención de riesgos laborales o ahorro energético, por mencionar solo algunas de las temáticas más habituales de los cursos.

Tampoco se puede dejar de mencionar el papel de representación que ejercen estas organizaciones ante instituciones y agentes económicos y sociales representando los intereses generales del colectivo.

Y no acaban ahí los servicios con los que tratan de respaldar a sus asociados. Algunas organizaciones firman con entidades y empresas privadas acuerdos para ofertar a sus miembros ventajas y descuentos en productos y servicios, desde la adquisición de maquinaria o vehículos, a servicios médicos o de prevención.

Al igual que las asociaciones agroganaderas (las principales son Asaja, COAG y UPA), las denominaciones de origen realizan una labor primordial en la defensa de los intereses de los productores y de la mejora continúa de los alimentos.

En la misma línea, las cooperativas facilitan a sus socios distintos servicios de asesoramiento, gestión y asistencia técnica con la finalidad de fomentar la competitividad, eficiencia, modernización e innovación de las explotaciones y sus productos.

Por lo que se refiere a la innovación y el desarrollo del campo, la Universidad de Córdoba y los centros de formación e investigación, como los del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (Ifapa) o el Instituto de Agricultura Sostenible (IAS) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), juegan un papel destacado. Son crecientes las colaboraciones público-privadas encaminadas a encontrar soluciones a los problemas del sector, como la erradicación de enfermedades o la mejora de los usos agrarios y de las producciones.

La información es fundamental para el mejor manejo posible de las explotaciones agrarias y ganaderas, pero ante las múltiples eventualidades que se pueden presentar, tanto el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) como la Consejería de Agricultura, Pesca, Alimentación y Desarrollo Sostenible recomiendan la contratación de un seguro agrario.

El seguro agrario se considera una de las herramientas de gestión de riesgos más exitosa y eficaz, que permite salvaguardar las rentas de las explotaciones frente a las adversidades meteorológicas, las enfermedades o los accidentes de los animales. Desde las administraciones, tanto a nivel estatal como autonómico, se fomenta la contratación del seguro agrario por medio de una subvención que cubre parte del importe de la póliza del productor. Los seguros no son la única forma en que las administraciones respaldan a los productores agrícolas. El Programa Nacional de Desarrollo Rural de España (PNDR) establece ayudas a las acciones de formación profesional y adquisición de competencias, a las actividades de demostración y las acciones de información y a las inversiones en transformación/comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas. Del mismo modo, y en el marco del programa, el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) y la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria realizan la gestión y ejecución de ayudas para la concesión de subvenciones a la ejecución de proyectos de innovación de interés general por grupos operativos de la Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad (AEI-Agri).

No menos importantes son los créditos y préstamos que ofrecen las entidades financieras. Algunas organizaciones agrarias tienen firmados acuerdos de colaboración con algunas de estas entidades con el objetivo de ofrecer a sus asociados productos financieros en mejores condiciones.