En España se recicla el 70% de los envases». «Yo lo tiro todo a la basura porque lo del reciclaje es mentira, luego lo mezclan todo». Estas dos ideas representan las actitudes más optimistas y las más negativas hacia el reciclaje que se escuchan en nuestro país. La primera la repite Ecoembes desde hace una década en anuncios y reportajes. La segunda, cualquiera que no tenga interés en saber para qué sirve el contenedor amarillo. Y las dos son verdad y mentira a la vez, porque solo reflejan una parte del largo y complicado proceso que empieza cuando una bolsa con envases entra en el container del plástico.
Lo único seguro después de 23 años de convivencia con el cubo de color chillón es que sólo esta empresa sabe realmente cuánto se recicla en España. Y que hay enormes cantidades de plástico, que fue vendido por el fabricante y pagado por el consumidor como «reciclable», que acaban desaprovechadas en vertederos, ardiendo en naves y vallados o contaminando ecosistemas terrestres y marinos en este y otros países. Los ecologistas han dicho basta y exigen cuentas, luz y taquígrafos.
Ecoembes es una sociedad anónima sin ánimo de lucro, tan privada como opaca, que tiene el monopolio de la gestión del reciclaje de envases de un solo uso desde que los fabricantes, obligados a organizar la transformación en materia prima de los productos con impacto ambiental que introducen en el mercado, optaron por cumplir con la ley de envases de 1997 con la creación de un Sistema Integrado de Gestión (SIG) frente a su alternativa, el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), popularmente conocido como ‘devolver el casco’. «Cualquier empresa que distribuya o fabrique envase doméstico o ligero debe poner un SDDR, con lo que debería recuperar sus botellas, o adherirse a un SIG, y dejar en sus manos que la recupere. Sale más barato lo último», explica Julio Barea, responsable de plásticos en Greenpeace España.
Mediante el SIG, se centraliza la recuperación de materiales de plástico, aluminio y cartón en un ente cuya misión es asegurarse de que los recipientes sirven para fabricar otros nuevos tras un complejo proceso de recuperación y reciclaje que, además, sólo ocurre si el comprador separa la basura en casa.
Los fabricantes lo crearon y lo dirigen, por lo que son la vez jugadores y árbitro. Greenpeace, en su demoledor informe publicado en octubre Ecoembes miente, señala que en el consejo de administración del SIG se sientan representantes de Coca-Cola, Mercadona, Danone, Procter&Gamble y otras once compañías cuya logística y modelo de negocio dependen en gran medida de que los productos se introduzcan y viajen en recipientes hechos con estos materiales. Unas 12.000 empresas de la alimentación y el hogar respaldan con sus aportaciones toda su actividad.
Así, la entidad es una muñeca rusa de productos, marcas, empresas, grupos y asociaciones sectoriales cuya facturación representa una importante porción del PIB español. «Ecoembes está formado por las mismas marcas que nos inundan de plástico y que lavan su imagen tras esta entidad, aparentemente, ecologista», zanja Greenpeace.
Los vasos de yogur, los botes de detergente o tetrabricks de leche vacíos adheridos al SIG llevan el logotipo de dos flechas en un círculo, llamado Punto Verde. El sello certifica que su fabricante ha previsto su reciclaje y que colabora en el proceso de recuperación. Para llevarla a cabo, el SIG cobra una cantidad a las empresas por cada recipiente que introducen en tiendas y grandes superficies. Cuando cobrador y pagador son los mismos, «son las propias empresas quienes cuantifican cuánto vale reciclar sus envases», denuncia la ONG.
¿Su presupuesto anual? «Estamos ante 500 millones de euros al año, de todos los consumidores, en manos de una sociedad anónima que cada ejercicio tiene la obligación legal de dejar sus cuentas a cero», explica el ambientólogo Alberto Vizcaíno en su libro recién publicado Contenedor Amarillo SA.
Barea explica que «ese dinero se destina en su mayor parte a pagar a los ayuntamientos por usar los servicios de limpieza municipales» para trasladar el contenido del container amarillo a una planta de clasificación de envases. El pago no cubre el coste de recoger todos los restos de este tipo, en opinión de Barea, y se produce tras «negociaciones durísimas entre concejales y los abogados de Ecoembes, que se los comen». Varios ayuntamientos gastan más en limpieza de envases de lo que cobran de Ecoembes, según se expone en el informe de Greenpeace, algunos, como Las Palmas, hasta tres veces más de lo que reciben del SIG. Aquí se produce la primera ruptura de cifras: según el documento, la compañía no se responsabiliza de lo que no llega al contenedor, aunque se trata de recipientes que llevan el logo del Punto Verde: el consumidor, a través del pago al fabricante, ha cubierto el reciclaje de esas latas y botes que acaban, con suerte, enterradas en el vertedero municipal. «Cualquier envase es de su propiedad», remarca Barea.
El ambientólogo madrileño apunta que en la capital el 85% de los envases llegan al contenedor gris, y sólo el 15% al amarillo, un porcentaje similar al que presentan municipios asturianos.
Aunque nos refiramos a ello como «tirar al reciclaje», ese proceso mágico sólo se produce al final de una cadena que apenas comienza con los camiones descargando en las playas de plantas de envases. Esa cantidad indeterminada de residuos recuperados se separa por tipos de material. «No todo lo que se recupera en un planta de clasificación de envases se recicla», recuerda la ONG en su informe, extremo que Vizcaíno explica con el hecho de que la maquinaria busca principalmente piezas grandes y uniformes y que los envoltorios más pequeños, estadísticamente, son carne de rechazo. Como esos envoltorios de chicle, envases monodosis y otros artículos de menos de 10 centímetros con el círculo verde.
Con la información de los ecologistas en la mano, el 74,6% de la ya pequeña porción de envases que llegan a este punto del proceso son expulsados de la cadena de reciclaje y enviados a vertedero o incineración. El resto, sale empacado de las plantas y se adentra en el mundo de los gestores de residuos tras ser subastado por el SIG a empresas homologadas, también por Ecoembes. Greenpeace resume así lo que ocurre luego: «Van pasando por distintos gestores y se mezclan con otros flujos de residuos de distinta procedencia, como industria o supermercados. Cada gestor se queda con aquello que le es rentable y el rechazo va pasando al siguiente en la cadena de reciclaje. Es en este punto donde Ecoembes y las administraciones pierden la trazabilidad de una parte importante de los residuos de envases». Los ecologistas sostienen que es imposible saber qué porcentaje acaba convertido en materia prima.
Los envíos a Malasia y otros países, los incendios de plástico recuperado sin salida de mercado en empresas homologadas y los vertidos y enterramientos ilegales en parajes de todo el país se producen en gran parte porque nadie puede seguir los flujos salvo Ecoembes. No toca el material, pero supervisa todo el proceso. Según los ecologistas, los datos que publicita son fotografías de momentos concretos de la cadena donde las cosas van bien para ellos, como si ilustrara una paliza de 1 a 5 con su gol. Una práctica que esconde 23 años de fracaso ambiental y éxito de marketing.
Ecoembes tiene un contrainforme, recibido al cierre de este artículo. En él, la entidad evita responder a la pregunta clave que formula Vizcaíno (¿cuántos envases introducen los fabricantes en el mercado?), pero rechaza el grueso de las denuncias ecologistas.
Ecoembes acusa a la ONG de divulgar «información falsa, intencionada y muy alejada de la realidad en España», de confundir intencionadamente «envase» y «plástico» para calcular sus porcentajes más escandalosos y se reafirma en que se recicla el 77% de «envases ligeros de origen doméstico» sobre el total de envases con Punto Verde.
Además, el documento señala que Greenpeace ha rechazado su «política de libros abiertos», una invitación para «auditar todas las cifras de Ecoembes». Sobre las exportaciones e incendios, asegura oponerse «tajantemente al tráfico ilegal de residuos» pero recuerda que la ley europea permite considerar reciclados los residuos de envases enviados a otros países. Asegura que está auditada y comprometida con «reducir la generación de residuos y reciclarlos cada vez más y mejor».
