El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, afirmó ayer que las negociaciones sobre la reforma de la Política Agraria Común (PAC) entran en su recta final, y confió en que en el consejo de ministros de Agricultura de la Unión Europea de octubre se cierre el paquete legislativo para que a comienzo de 2021 esté aprobado el reglamento con el fin de diseñar con seguridad jurídica el Plan Estratégico Nacional. Planas presidió el Consejo Consultivo de Política Agraria, en el que, junto con los consejeros de las comunidades autónomas, debatió sobre el actual proceso de reforma de la PAC y la situación del comercio internacional, puntos que se abordarán en el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea del 21 de septiembre. Planas señaló que la nueva PAC es un modelo diferente a las anteriores políticas, e hizo un llamamiento a las comunidades autónomas para que, junto con el Gobierno, realicen «un gran esfuerzo» para «maximizar el impacto del dinero» que va a llegar a los agricultores y ganaderos españoles. Es importante, según destacó, que el paquete legislativo quede cerrado en el consejo de ministros de la Unión Europea de octubre. Así, a principios de 2021 estará aprobado el reglamento que garantizará la certidumbre que España necesita para diseñar con seguridad jurídica el Plan Estratégico Nacional.

Por su parte, la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, recordó que el debate europeo sobre la nueva PAC «aún continúa abierto» e insistió en la importancia de que el Gobierno español siga apostando por una «diplomacia activa» que sirva para «defender los intereses de los agricultores y ganaderos ante posibles cambios de la PAC que perjudiquen al sector español y, por ende, al andaluz». La responsable de Agricultura andaluza solicitó al ministro que reclame en Bruselas una «flexibilidad suficiente» en los reglamentos europeos «para que todos los pagos directos desacoplados (pago redistributivo, ecoesquemas y regímenes de pequeños agricultores y jóvenes agricultores) se calculen en función de un porcentaje del valor de los derechos de pago básico de cada agricultor», informó.

Crespo recalcó que «no se puede pedir más cuando se reduce el presupuesto», en alusión al contraste entre «el incremento de exigencias que se intuyen desde Bruselas y el recorte de 40.000 millones de euros que ha sufrido la dotación financiera de esta política comunitaria» a nivel europeo para el marco 2021-2027 en comparación con el actual.