El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, avanzó ayer que el Gobierno tiene previsto llevar este próximo otoño a las Cortes Generales un proyecto de ley que complete al anterior decreto sobre la cadena alimentaria del pasado mes de febrero con el objetivo de que los agricultores perciban unos precios «dignos» y «justos» por sus productos.
Planas señaló que la «reforma parcial» de febrero supuso «un paso adelante muy importante» desde el punto de vista de la negociación de todos los elementos de la cadena, en línea con las leyes más avanzadas en la materia de la Unión Europea, y que recogía los aspectos demandados por las organizaciones agrarias, entre ellos que los precios de venta siempre sean superiores a los de producción.
En este sentido, explicó que su intención es llevar a las cortes este proyecto de ley, que ya ha pasado en primera lectura por el Consejo de Ministros, que completará aquel decreto ley con aspectos que pretenden clarificar una serie de «cuestiones concretas», así como para extender sus «ventajas y protecciones» a toda la Unión Europea.
Planas reconoció que hay quienes han criticado la reforma, si bien insistió en que «ninguna administración pública puede fijar precios, porque es contrario a las normas de la economía de mercado».
Por tanto, en declaraciones en Mérida con motivo de la firma de un convenio para la modernización de regadíos, abogó por «abrir una negociación amplia», al tiempo que pidió «amplitud de miras» a todas los eslabones de la cadena alimentaria, de cara al nuevo marco de referencia, para que los agricultores tengan «unos precios dignos y justos» por sus cultivos.
Planas señaló durante su visita a Mérida, por otra parte, que la modernización de regadíos es un paso fundamental para aumentar la competitividad del sector agrícola, aportar más valor añadido y, «de esta forma, incrementar la renta de los agricultores».
El ministro, que considera el regadío como «la joya de la corona» de la agricultura y la ganadería española, firmó con el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, y la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA), un convenio de colaboración para la realización de obras de modernización y consolidación de regadíos en esta comunidad autónoma.
A juicio de Planas, este convenio se enmarca en el objetivo principal de contar con un regadío inteligente, de la máxima eficacia, que permita producir más alimentos con un menor consumo de agua y energía, y contribuir así a la triple sostenibilidad ambiental, económica y social.
En este sentido, Planas apuntó que en los últimos 20 años el regadío ha aumentado su superficie en España en un 9 %, a la vez que ha reducido el consumo de agua en un 14 %. El regadío, que aporta en condiciones equivalentes seis veces el valor del secano y tres veces más de empleo, según explicó el ministro, es «la punta de lanza de la agricultura española». De hecho, España es el país que más superficie de regadío tiene en la UE, con más de 3,8 millones de hectáreas (el 22 % de la superficie cultivada del país).
