Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA ha calificado como un «éxito rotundo» la primera semana de movilizaciones y protestas que han convocado en 14 puntos de 5 comunidades autónomas, en las que según sus datos han participado 35.000 agricultores y ganaderos.
En un comunicado conjunto, estas organizaciones insistieron en que este «clamor no puede ser ignorado» y animaron a que, «ante la inacción de gobiernos e instituciones», las protestas continuarán las próximas semanas.
Bajo el lema #AgricultoresAlLímite, están confirmadas las convocatorias de febrero para el día 3 (en Santander), 4 (Toledo) y 5 (los agricultores de Madrid); el 13 de febrero, en Adamuz (Córdoba) y Málaga; el 14, en Lucena (Córdoba), y el 19, en Granada.
«El campo ha demostrado con creces su firmeza y su fuerza; nuestra problemática y nuestras demandas han inundado los medios de comunicación, las redes sociales y la sociedad en general, es un clamor que debe ser atendido», añadieron desde las organizaciones. En su opinión, ese éxito «demuestra con claridad la urgencia de tomar medidas, articular reformas y cambiar comportamientos en la cadena agroalimentaria».
En declaraciones a Efe el presidente de Asaja, Pedro Barato, insistió en que «el campo ya no aguanta más» y «ha explotado», con la puntilla, además, de la decisión del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
El secretario general de COAG, Miguel Blanco, consideró los problemas del sector «muy graves» y destacó que están «hartos de que nos criminalicen», lo que hace que los profesionales estén «muy sensibilizados».
Para el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, lo importante también es que el Gobierno les escuche y el Ministerio de Agricultura les convoque para analizar la situación y tomar medidas.
Las organizaciones pusieron el acento en el desequilibrio de la cadena alimentaria, en la que el sector primario -a su juicio- es el perjudicado y reclaman una «trazabilidad de los precios», al igual que se les exige respecto a la seguridad alimentaria.
En lo referente a los incidentes sucedidos en Don Benito (Badajoz), coincidieron en «remarcar su condena» hacia las actitudes violentas «totalmente minoritarias y en absoluto amparadas por sus organizaciones».
