El actual estado de alarma decretado a consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus ha paralizado el periodo de consulta pública de dos planes que tienen especial incidencia en la adaptación y mitigación del cambio climático en Córdoba y en Andalucía.
En concreto, el pasado miércoles, 15 de abril, estaba previsto que se cerrara este periodo con vistas a la elaboración del Plan Andaluz de Acción por el Clima. De igual manera, el plazo de consultas de cara al Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir 2021-2027, abierto inicialmente hasta julio, se prolongará al menos lo que dure el estado de alarma.
No obstante, esta paralización no significa que no se siga trabajando en la materia, pues a principios de semana la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta, Carmen Crespo, mantenía una reunión en Sevilla para continuar perfilando la elaboración de este plan andaluz y avanzando en los planes hidrológicos.
El Gobierno andaluz aprobó en enero la formulación de este plan, que será el instrumento general de planificación de la región en la lucha contra el cambio climático, y a pesar de que el citado periodo de consulta pública previa se ha paralizado, los técnicos de la Consejería continúan avanzando para cumplir los plazos previstos para esta herramienta básica en el desarrollo de la Ley de Cambio Climático en Andalucía, una comunidad «especialmente vulnerable a este fenómeno por sus condiciones físico-naturales y socioeconómicas», como afirmó Crespo.
Así, durante este periodo de estado de alarma se ha culminado el documento inicial estratégico y el documento de diagnosis y alcance para poder empezar la evaluación ambiental estratégica. Igualmente, según informa esta Consejería, se ha elevado toda la documentación para iniciar la tramitación del decreto del Consejo Andaluz del Clima. El Plan de Acción por el Clima marcará la planificación andaluza contra el cambio climático y de él «dependerán los programas de adaptación, mitigación, comunicación y participación, y a él se fijarán las líneas estratégicas de actuación a corto, medio y largo plazo», según indicaba esta semana la consejera.
Entre otros contenidos, este plan analizará la situación actual, así como la tendencia de emisiones de gases de efecto invernadero y fijaciones de carbono, y marcará la elaboración de distintos escenarios climáticos.
Respecto a los planes hidrológicos, la Junta solo tiene competencias exclusivas en las demarcaciones intracomunitarias (Tinto, Odiel y Piedras; Guadalete y Barbate; y Cuencas Mediterráneas Andaluzas); pero la demarcación que afecta a la provincia de Córdoba compete al Ministerio para la Transición Ecológica, a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).
En este sentido, y con vistas al denominado tercer ciclo de planificación de esta cuenca 2021-2027 (que hace referencia al proceso cíclico de planificación hidrológica que se lleva a cabo cada 6 años para alcanzar un buen estado de las aguas y prevenir los efectos de fenómenos extremos muy relacionados con el cambio climático como inundaciones y sequías), continúa en periodo de información pública el llamado Esquema Provisional de Temas Importantes (EPTI) y el documento de Inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica.
Este EPTI alerta, para el caso de Córdoba y otras zonas, del alto grado de erosión y pérdida de suelo en las cuencas de los ríos, debido fundamentalmente a la agricultura y la deforestación a causa de los incendios. «La eliminación de la cobertura arbórea, las prácticas de barbecho continuo, así como la presencia de pendientes excesivas para el cultivo, especialmente en la Campiña de Córdoba, son responsables del deterioro del suelo», señala este documento.
Todo ello por no hablar de la gestión del riesgo de inundaciones, agravado por el cambio climático, con especial incidencia en algunas áreas de la provincia de Córdoba, donde este documento apunta, entre diversas cuestiones, la necesidad de incrementar la sensibilización «y la percepción del riesgo de inundación por los distintos agentes». No solo administraciones, sino también ciudadanos.
