La Guardia Civil detecta más de 900 pozos y perforaciones ilegales, al menos uno de ellos en Córdoba

La Guardia Civil ha detectado más de 900 infraestructuras ilegales de extracción y acumulación de agua, como pozos ilegales, en el conjunto de España gracias al dispositivo desplegado entre octubre de 2024 y septiembre de 2025 como parte de la operación Zahorí, que ha dejado 31 personas investigadas. En la provincia de Córdoba hay una persona física y una entidad jurídica investigadas tras hallarse un número indeterminado de pozos clandestinos.

En total, se han detectado 941 de estas infraestructuras, la mayoría pozos ilegales, el 60 %, mientras que el 24 % son sondeos, perforaciones para acceder a acuíferos, el 4 % balsas y el porcentaje restante, el 12%, otras modalidades de captación ilegal de agua, como derivaciones o trasvases.

Daños por 270 millones de euros y 29 delitos

Los informes periciales cifran en más de 270 millones de euros los daños ocasionados a las aguas estatales, el llamado dominio público hidráulico. El Seprona valora además el impacto medioambiental del resto de recursos, sobre todo la flora y la fauna, para determinar la gravedad de los hechos y calificar correctamente los delitos.

En este período, la operación Zahorí ha permitido detectar 29 delitos siendo los de distracción de aguas de uso público los más frecuentes (el 59 %), mientras que los ilícitos contra los recursos naturales y el medioambiente son el 28 % y los cometidos contra la ordenación del territorio suponen el 7 %.

Esta operación, bautizada con el nombre que se le da a las personas con facultad de descubrir manantiales ocultos, ha llevado además a tramitar 1.684 infracciones administrativas, el 77 % por las cuales vulneraciones de la normativa en materia de aguas.

Ocho investigados en el entorno de Doñana

El Instituto Armado destaca en un comunicado algunas de las operaciones más importantes de este período, como la desarrollada en el entorno del parque nacional de Doñana y de su corona forestal, la operación Subterra, por la que fueron investigadas ocho personas y cinco empresas y se esclarecieron tres delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y dos delitos contra la ordenación del territorio.

En Las Rozas (Madrid) la operación Bredo permitió descubrir un sondeo no autorizado por la Confederación Hidrográfica del Tajo y otro que pese a ser legal tenía un baipás, una derivación, antes del contador para que no se registrase el caudal extraído.

Los informes periciales estiman que en este caso se podría haber aprovechado agua ilícitamente desde 2002 por valor de 1,6 millones de euros. La investigación sigue abierta y hay dos personas físicas investigadas por presuntos delitos de usurpación de aguas, defraudación, estafa agravada y delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Regadíos ilegales

En Mazarrón (Murcia), dos personas fueron investidas e imputadas por delitos contra los recursos naturales y el medioambiente por poner regadío en 47 hectáreas de terreno de secano, provocando un daño ambiental cifrado en 2,9 millones de euros. La operación fue bautizada como 'Land change'.

Pozos clandestinos destinados al regadío y captaciones legales, pero manipuladas con baipás para que el contador no registrase el caudal, fueron hallados también en Córdoba, en una inspección conjunta con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la operación Captaqua, que finalizó con una persona física y una entidad jurídica investigadas.

La Guardia Civil destaca la relevancia de la protección del medioambiente y la lucha contra el expolio de los recursos naturales en un contexto de escasez hídrica y sequía recurrente.