Con unos meses de retraso y en funciones, el Consejo de Ministros de ayer dio luz verde al plan nacional que limita las emisiones de los gases más dañinos para la salud. El programa se marca como objetivo una reducción hasta el 2030 de entre el 17% y el 36% de las muertes prematuras atribuidas a la polución a través de 57 medidas entre las que destaca la obligación de implantar zonas de bajas emisionesen los municipios de más de 50.000 habitantes a a partir del 2023.
El plan establece disminuciones más ambiciosas para cada contaminante que los fijados por la directiva europea. Los óxidos de nitrógeno, por ejemplo, deberán haber disminuido en el 2030 un 66% respecto al 2005, cuando Bruselas exige un 62%; el dióxido de azufre, un 92% frente al 88%, y el amoníaco cinco puntos más que el 16% marcado por la UE. El Gobierno se ciñe al 25% exigido por Europa para las partículas finas (PM2,5), el contaminante más peligroso. Hay un caso en el que España no cumplirá: los denominados compuestos orgánicos volátiles no metánico. La reducción se quedará en el 30%, nueve puntos menos que los exigidos.
En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Teresa Ribera, titular en funciones del Ministerio para la Transición Ecológica, explicó que el PNCCA «prevé reforzar el sistema de seguimiento de las emisiones y sus impactos en la salud y en los ecosistemas, con un catálogo de 57 medidas que asegurarán que España cumple con sus objetivos de cara a la década 2020-2030». Ribera subrayó que el programa «apela en gran medida a cuestiones de salud», después de que la OMS asegurara que la contaminación del aire es el cuarto factor de riesgo de muerte en el mundo y tras constatar que «en España ha causado unos 93.000 muertes».
