El mandato en el Ayuntamiento de Córdoba se ha iniciado sin exabruptos (a excepción de la reciente polémica sobre el Imgema, donde se ha pedido la dimisión de la concejala Laura Ruiz) y con un gobierno, dicen PP y Cs, dedicado a «apagar fuegos y abrir piscinas». Tras un mes de julio de organización interna y nombramiento de cargos de confianza (una decena más que en el mandato anterior), en agosto, el equipo de gobierno, incluido el alcalde, se ha tomado de manera alterna unas vacaciones. En septiembre, tras los primeros cien días de gobierno, acabará la tregua diplomática de la oposición y empezarán las tensiones.
La oposición, por su parte, ha tratado de encontrar durante este tiempo su propia voz, como les ocurría a los personajes de Pirandello en la famosa obra en la que buscaban autor. Con mayor dificultad, tras el batacazo electoral, lo han hecho PSOE e IU; y con la fuerza y el adanismo propio del neófito, Podemos y Vox.
El partido de la oposición que más problemas está teniendo para arrancar es el PSOE, con 8 concejales, la mayoría nuevos, y una portavoz que debe terminar de encajar la pérdida de la Alcaldía, un trance siempre difícil. A día de hoy, el PSOE sigue sin cerrar varios contratos de asesores y personal administrativo del grupo municipal, a los que tiene derecho por la representatividad lograda en las elecciones (algo que los demás grupos hicieron en julio). El rifirrafe para colocar a personas afines a una u otra familia socialista en las listas se ha reeditado en esta ocasión con el personal eventual. Las tensiones y la falta de fluidez en la comunicación entre la sede y el grupo (entre Antonio Ruiz e Isabel Ambrosio o sus interlocutores) están detrás de esta parálisis, que ha dejado al PSOE prácticamente fuera de juego durante todo el verano.
