El 30% de las edificaciones de Córdoba se encuentran en zona con riesgo de inundación, ya sea en la considerada de flujo preferente, donde la probabilidad de avenidas es de una cada cien años, o en inundable, en la que la posibilidad es una cada 500 años. Según los datos facilitados por el arquitecto José Carlos Rico, analista de riesgos (trabaja con la empresa de rating Veltis) y experto en sistemas de información geográfica, en Córdoba capital hay 37.127 edificaciones, de las que 3.453 se encuentran en zona de flujo preferente (su planta ocupa 136 hectáreas), y 7.716 en inundable (242 hectáreas). Los datos están obtenidos cruzando información del Catastro y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). La incidencia no es la misma en todo el ámbito, ya que no es igual el riesgo para las viviendas o locales que puedan estar en la parte baja de una edificación que para las que están a cierta altura. La cota de riesgo va variando también según las zonas. Dentro de esas 11.169 edificaciones localizadas dentro del ámbito de riesgo de anegación hay 51.966 inmuebles de todo tipo (viviendas, locales, cocheras...), 16.302 en zona de flujo preferente y 35.663 en inundable. De esos inmuebles, 36.132 son exclusivamente viviendas (10.563 en flujo preferente y 25.569 en inundable). Esto da idea de la dimensión que tiene la nueva normativa en vigor desde finales del 2016.

Esta nueva normativa trae de cabeza a los arquitectos, que se encuentran con complicaciones a la hora de redactar los proyectos y con un mayor tiempo de espera por la necesidad de informes, que es lo que más les preocupa. Además de estos profesionales, constructores y vecinos ya se han quejado. El decano del Colegio de Arquitectos de Córdoba, Juan Eusebio Benito, piensa que, aunque todo debe estar regulado e informado, el procedimiento que se produce «es torpe y tarda del orden de dos años desde que se entrega un proyecto hasta que tiene la licencia porque es un toma y daca de informes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que van a la Gerencia de Urbanismo y esta los traslada al usuario, que debe responder conforme a lo que le están solicitando». El problema es también que ocurre en «suelo urbano consolidado» afectando a barrios como Cañero, Fray Albino o Miraflores, entre otros, y «a viviendas nuevas, reformas, cambios de uso, todo lo que esté sujeto a la ley de edificación», señala.

A juicio del decano, «Urbanismo no cuenta con los medios necesarios para responder a la CHG y que el trámite se produzca de una forma mucho más veloz». Según asegura, Urbanismo quedó en enviar a la CHG información urbanística de las zonas inundables para establecer unas directrices que cumplir que eviten la presentación de los informes en la mayoría de los casos. El decano considera necesaria la coordinación entre ambas administraciones para reducir el tiempo de tramitación de los proyectos. De momento, lo que hay es una guía de la CHG con las directrices que hay que tener en cuenta en los proyectos para minimizar el riesgo de inundación, como que el sótano debe ser estanco con puertas herméticas o las puertas de los garajes deben tener compuertas que se levanten a la altura de un metro en zonas de flujo preferente, donde en planta baja no se permite el uso residencial. Benito Pérez señala que, al presentar un proyecto para pedir licencia, debe haber un «reconocimiento expreso de que sabes que la vivienda está en zona inundable», a través de una declaración responsable. También hace falta que en construcciones nuevas en el Registro de la Propiedad quede constancia de ello.

Por su parte, fuentes de la CHG explican que todo deriva de una directiva europea en vigor desde el 2010 y de los cambios del Reglamento de Dominio Público Hidráulico de diciembre del 2016. El objetivo es que «las nuevas construcciones en zona inundable cumplan los requisitos y se diseñen de mejor manera para que, si hay inundación, se vuelva a la normalidad en el menor tiempo posible y que afecte al mínimo de viviendas». La norma obliga a que el uso residencial esté en una determinada cota y las exigencias varían en función de la altura. Otro de los requisitos es que no se permiten construcción de guarderías, colegios, hospitales, centros para mayores o discapacitados, salvo que no haya otra ubicación. Estas fuentes reconocen que una normativa, cuando se está implantando, puede tener dificultad, pero aseguran que están en coordinación con Urbanismo y quieren que haga un informe genérico de la ciudad. Aún así, señalan que los informes suelen ser favorables.

Urbanismo asegura que está preparando una propuesta sobre las zonas inundables. Fuentes del organismo municipal explican que están en coordinación con la CHG, con la que se van a reunir y con la que van «en buena línea».