Cuando una familia vive con la amenaza de un desahucio inminente, tiene hijos a los que no puede alimentar o facturas pendientes de pago que se acumulan mientras se desespera porque pasan los días sin que las solicitudes de empleo presentadas sean atendidas satisfactoriamente, está condenada a pedir ayuda. La situación precaria del entorno familiar de muchos cordobeses, deteriorado tras años de crisis, no permite en muchos más ser soporte para estos casos, por lo que solo queda acudir a los servicios sociales.

El problema surge cuando la llamada de socorro se encuentra con una lista de espera. En una ciudad que tiene el dudoso privilegio de agrupar en su territorio tres de los barrios más pobres de España (Las Palmeras, Moreras y Sector Sur-Guadalquivir), con problemas estructurales como el desempleo o las dificultades de acceso a la vivienda, son las asociaciones de vecinos, colectivos sociales y parroquias quienes se están viendo obligadas a atender a muchas familias, por el colapso de los servicios sociales, donde la falta de personal está haciendo mella.

MORERAS

P.M. / Paula no quiere salir en el periódico, le da vergüenza contar su situación públicamente, y hasta me pide que cambie su nombre de pila mientras confiesa que lo está pasando fatal. Es madre soltera y tiene dos hijas menores a su cargo. «Trabajo en negro, no estoy cotizando, en una casa, donde me pagan 500 euros, pero con eso no me da para pagarlo todo y comer», explica sincera. «Mi padre me ayudaba con su paga hasta que falleció hace un mes y ahora he tenido que pedir ayuda por primera vez en Asuntos Sociales». Vive de alquiler en el barrio de Moreras y cuando acudió a pedir una cita para ver a la asistenta social el viernes, le dieron para el mes de abril. «Yo no puedo esperar tanto tiempo, estoy desesperada, no podía creerlo, que me dieran para dentro de cuatro meses», se queja indignada. «Cuando una persona va a Servicios Sociales es porque no tiene ya dónde ir, porque no encuentras a nadie que te pueda ayudar, yo necesito ayuda para echar los papeles del salario social, que no lo he pedido antes», comenta. «En mi casa hacen falta muchas cosas, desde arreglar mi piso, que está muy mal, a cambiar la vitro de la cocina que está rota y no funciona la mitad, pero eso es lo de menos, lo importante es tener un ingreso fijo para pagar la luz, el agua, el alquiler y la comida de mis hijas». A la muerte del padre, su madre tampoco está en disposición de echarle una mano. «Es mayor y más bien debería poder ayudarla yo a ella ahora que se ha quedado viuda». Con la cita a tan largo plazo, Paula ha recurrido a la asociación de vecinos La Palabra para preguntar qué puede hacer. «En Moreras hay mucha gente esperando, como yo, así que no sabes qué hacer, tendré que ir a Cruz Roja o donde sea».

Antonio y Ana, de espaldas.

GUADALQUIVIR

ANTONIO Y ANA / Antonio y Ana viven pendientes de un aviso de desahucio. Padres de dos hijos de 8 y 4 años, su situación actual es fruto de la crisis, cuando por cuestiones laborales se vieron obligados a dejar de pagar la hipoteca. El banco dejó su caso en suspenso, a la espera del juzgado, negándose a negociar una forma de pago alternativa. Según Ana, ni siquiera se mostraron dispuestos a retomar la hipoteca cuando ella empezó a trabajar porque no tenían aval. En este momento, los dos están trabajando de forma estable. «Ahora podemos responder sin problema, pero ahora dice el banco que no» y ya han recibido un aviso pidiéndoles que abandonen la vivienda en febrero. «Agobiados, pedimos la cita con la asistenta social para pedir un informe de nuestra situación a Asuntos Sociales» para intentar detener el desahucio demostrando su solvencia, explica ella, «pero nos han dado cita para junio, ¿cómo vamos a esperar hasta entonces?, esto es urgente». Según Ana, aunque han estado mal en ciertos momentos, «es la primera vez que vamos a pedir ayuda, y nos encontramos con esto».

MORERAS

LOLA / Lola pidió cita en el centro de Servicios Sociales Comunitarios de Moreras y le dieron cita para febrero, cinco meses más tarde. «Fui después de cobrar los últimos 112 euros de una ayuda que me dieron y desde entonces no tengo ningún ingreso», relata. «No he cogido el teléfono antes porque vi un número largo y como debo dinero, si veo un número extraño se me pone el corazón a mil». Además, continúa, «cuando sonó estaba con una señora que me compra comida a veces, es una buena mujer, yo se lo agradezco, aunque sea humillante tener que llegar a esto». Lola vive sola en una vivienda social de Moreras, cuyo alquiler paga «un mes sí y dos no», confiesa. Tiene 51 años y ha trabajado como jardinera muchos años, en Cáritas, limpiando casas, «pero ya no me sale ni para hacer escaleras», asegura. Desde que está sin trabajo, sale a veces a pedir por la calle. «Yo lo que quiero es un trabajo, que te hace sentir bien, una persona útil, no quiero vivir de limosna, ni de una ayuda», recalca. Se quedó en paro hace cuatro años cuando le detectaron un tumor y tuvo que pasar por varias operaciones. Divorciada, no recibe pensión «porque yo nunca he dependido de él, he trabajado» y aunque tiene dos hijos, ellos no están en condiciones de poder ayudarla. «He estado en Cruz Roja haciendo cursos, pero ahí no te pagan nada y yo me levanto pensando qué voy a comer y cómo voy a pagar lo que debo, así que acabé dejándolo». Desesperada, acudió a Servicios Sociales, pero tampoco tiene claro que le den una solución. «¿Tú crees que me van a ayudar a mí, habiendo personas con niños chicos?», lamenta. «Toda la vida trabajando para llegar a esto».

Lola enseña una cartilla con una cita.

SECTOR SUR

AMÍN / Amín nació en Marruecos, pero lleva 18 años en España, tiene la nacionalidad española y sus hijos han nacido aquí. Cuando le pregunto por su situación, me la explica sin demora. Es evidente que corren malos tiempos para ser extranjero y pobre en este país, donde crecen algunas corrientes que creen que los nacionales deben ser los primeros en recibir ayuda. «Vivo en la calle Lepe, en el piso que estuve pagando muchos años, trabajando en la construcción, hasta que vino la crisis y no pude pagar, el banco se quedó con el piso, pero acordamos un alquiler social», explica. «Son unos 100 euros al mes, pero ahora no tengo trabajo y se me han acumulado unos meses, ochocientos y pico euros y tengo una orden del juzgado para echarme». Amín, que en mayo cumplirá los 40 años, está casado y tiene dos niños de 2 años y 18 meses. «Yo he trabajado de todo, de ayudante de jardinero, de albañil, pastor de ovejas, ahora estoy en la aceituna, pero estás muchas horas y te vas con 35 euros y con eso no llega para casi nada», asegura mientras relata sus quebraderos de cabeza insistentemente. «Es que no puedo dormir, no puedo, necesito pagar la deuda, me dieron diez días y como no tenía, fui a hablar con la asistenta social y me dieron cita ¡para junio!», exclama. «Eso fue en noviembre, ¿cómo puedo esperar siete meses?», se pregunta.

La historia se repite una y otra vez. Por eso, colectivos como La Mirada del Sur, Barrios Ignorados, la Asociación de Familias Necesitadas Anfane, la AVV La Palabra, que trabajan con personas en riesgo de exclusión en los barrios, se quejan de que las familias se encuentran en un callejón sin salida ante el colapso de las instituciones y piden más medios para agilizar las listas de espera y para solucionar problemas estructurales como el paro.