La oferta de vivienda protegida sigue estando a años luz de la demanda. Los datos procedentes de los registros de demandantes existentes que recopila la Consejería de Fomento y Vivienda, actualizados hasta octubre, indican que en Córdoba capital solo un 10% de los que desean una vivienda de protección oficial (VPO) la consiguen. La Junta contabiliza 16.656 familias inscritas en el registro de demandantes de la capital, integradas por 33.141 miembros, pero de ellas solo 1.766 han logrado que se les adjudique un piso por este método en el tiempo que lleva funcionando (desde el 2009). El porcentaje es algo mayor, del 30%, si en vez de las 16.656 familias se toma como referencia las inscripciones activas (que son las que realmente cuentan a la hora de adjudicar un piso), que ascienden a 5.018 y corresponden a las unidades familiares que han actualizado su documentación y expresado su interés por permanecer en el listado, ya que no todos los que se apuntan renuevan sus datos. Es más, de las 16.656 inscripciones, 9.872, es decir, un 59%, han caducado porque no han sido actualizadas o porque sus titulares desisten hartos de esperar. A nivel andaluz, la capital es, tras Sevilla, la que más inscritos tiene.
Si se analiza Córdoba más los 56 municipios de la provincia que cuentan también con registro de demandantes activo, la situación es peor, ya que solo 1.946 familias han logrado una VPO de las 22.968 inscritas, integradas por 46.063 personas, es decir, el 8%. El porcentaje se eleva al 30% si la cifra se compara con las inscripciones activas, 6.335. A nivel provincial, hay 14.687 demandantes que no renuevan la documentación. A pesar de todo, Córdoba es la capital y la provincia (la circunstancia se da en los dos casos) andaluza que más VPO entrega entre los demandantes.
El gerente de Vimcorsa, Rafael Ibáñez, explica que «hay demandantes que no renuevan por despiste o porque no confían en que llegue una propuesta». A pesar de ello, indica, «la mitad de las inscripciones que aparecen como caducadas aún tienen la demanda de vivienda insatisfecha». Por eso, aunque oficialmente activos hay más de 5.000 demandantes, la realidad es que los que esperan una VPO son muchos más y superan los 9.000.
Hay que tener en cuenta otras circunstancias en la adjudicación. En el caso de las VPO en venta, que son las que se están promoviendo, «hay personas que no cumplen los requisitos económicos y los bancos no les dan crédito», señala. Estas familias dependen del alquiler, que es lo que menos se promueve, y el parque público existente «está colmatado» y tiene «poca rotación».
Que la oferta de VPO es insuficiente no es algo nuevo. Según el balance ofrecido por este periódico en diciembre pasado, solo se construye un tercio de la vivienda protegida demandada. Entre el 2008 y el 2017 se adjudicaron en Córdoba capital 2.515 VPO públicas y privadas, contando tanto las provenientes de sorteos como las repartidas por el registro, e incluyendo compraventa y alquiler, lo que se traducía en una media de 250 al año. La cifra ha variado poco, por lo que se puede volver a concluir que con el ritmo de ejecución de los últimos diez años harían falta más de tres décadas para cubrir la demanda.
Las perspectivas no son halagüeñas. Los proyectos visados por los arquitectos hasta septiembre indican que hay previstas solo 308 VPO nuevas en la capital y ninguna en la provincia. En todo el 2017 hubo 92. El Ministerio de Fomento corrobora los pocos proyectos que habrá en el futuro, ya que entre enero y junio recoge 316 VPO con calificación provisional (primer permiso que se pide) y ninguna con la definitiva (que permite residir en el piso). A Fomento no le consta ninguna calificación provisional en el 2017 y solo una definitiva.
