El pago del impuesto hipotecario tendrá que esperar a noviembre

El pleno servirá para analizar el cambio jurisprudencial creado tras la sentencia publicada y dos más pendientes de hacerse públicas que van en la misma línea, según fuentes jurídicas consultadas por este diario. Eso no tiene necesariamente que significar que se vuelva a la situación anterior en la que este impuesto era abonado por el cliente, ya que según las mismas fuentes, el objetivo prioritario del pleno es precisar los efectos de la nulidad del artículo del reglamento acordado en dichas sentencias. Es decir, determinar si afecta a las hipotecas ya firmadas y desde cuándo, o solo a las que se firmen a partir de ahora, entre otros aspectos.

Las tres sentencias cambian el criterio sobre el sujeto pasivo del impuesto, y en lugar de ser el hipotecado como hasta ahora, pasa a serlo el acreedor del préstamo, es decir, el banco. El pleno jurisdiccional se ha convocado el 5 de noviembre porque no ha sido posible encontrar una fecha antes.

ARTÍCULO ANULADO / En la nota informativa del presidente del Tribunal Supremo se recalcó que la sentencia sobre el caso de la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid, hecha pública el pasado jueves, «es firme y no susceptible de revisión por el pleno de la Sala Tercera, produciendo plenos efectos en relación con las partes en litigio y respecto a la anulación del artículo 68, párrafo segundo, del reglamento del impuesto sobre actos jurídicos documentados (AJD).»

Dicho artículo del reglamento del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados del 2015 establecía que el tributo lo debía pagar el cliente. Así, afirma que «cuando se trate de escrituras de constitución de préstamo con garantía se considerará adquirente al prestatario» o hipotecado. «De ser ese el criterio del legislador, debería haberlo declarado expresamente (en la ley original que el reglamento desarrolla) al contemplar en su articulado el préstamo con garantía hipotecaria», argumentó la sentencia de la semana pasada.

Petición de dimisión / La actuación de Díez-Picazo está en tela de juicio por no haber llevado el asunto directamente al pleno pese a conocerlo desde enero, ya que fue él mismo quien lo admitió a trámite entonces. Jueces para la Democracia (JpD) y Unión Progresista de Fiscales (UPF) pidieron ayer su dimisión. La primera de estas organizaciones tildó de «insólita» y «sin precedentes» su decisión de paralizar los efectos de la sentencia al día siguiente de que esta se hiciera pública y le culparon de no haber llevado el asunto al pleno antes del fallo.

Ello ha provocado, aseguró, «alarma social», «desconcierto en la ciudadanía que no sabe qué hacer con sus hipotecas y toda su economía doméstica» e «inseguridad jurídica», además de poner «en tela de juicio la imparcialidad e independencia de los jueces» a ojos de la población.

La ministra de Economía, Nadia Calviño, afirmó que la sentencia «ha abierto una cierta inseguridad jurídica» en un asunto como el hipotecarios que es «extremadamente importante y sensible» en España. «Hasta ahora nos regíamos por un marco jurídico, además interpretado de forma coherente por los tribunales, que iba en una dirección y la semana pasada el Tribunal Supremo cambió esa dirección», apuntó en Onda Cero.

«Lo mejor es que cuanto antes se aclare la situación», sostuvo en relación al próximo pleno del día 5. Entretanto, explicó su departamento y Hacienda están estudiando las «implicaciones» que podría tener la sentencia si se confirma para que el Estado adopte las medidas oportunas «si es que hacen falta». El fallo, añadió, «pone de manifiesto que si el mercado hipotecario es importante para todos los ciudadanos, también lo es para el sector financiero». Pese a ello, aseguró no tener «ningún tipo de indicación» de que el sector haya ejercido «ningún tipo de presión».