El nuevo bono social contempla la bonificación total de la factura hasta un límite máximo de consumo para los usuarios vulnerables severos «en riesgo de exclusión social». Se trata de familias que cumplen los requisitos de vulnerables severos y, además, «están siendo atendidos por los servicios sociales de una administración». En Córdoba, la Junta de Andalucía o el Ayuntamiento deberían hacerse cargo de la mitad del importe de la factura y acreditar a la empresa eléctrica mediante un informe ese abono. Según el concejal de Asuntos Sociales, Juan Hidalgo, «aún no sabemos cómo se van a tratar estos casos porque la Junta de Andalucía está negociando con Endesa las condiciones». Uno de los escollos está en la exigencia establecida en el decreto estatal de que las condiciones se revisen mensualmente. «A nivel administrativo, esto complica mucho las cosas a los ayuntamientos», detalla Hidalgo. A la espera de aclarar estos términos, el Ayuntamiento está haciendo uso de las llamadas ayudas de emergencia municipales para atender a las solicitudes de familias en situación de extrema necesidad, según los trabajadores sociales, que no pueden hacerse cargo de la factura de la luz.
