«Hemos dado todas las facilidades del mundo», asegura uno de los miembros de la familia López Crespo, que relata cómo ha decrecido el interés de la Junta por el proyecto con el paso de los años, a pesar de tener «la mejor ubicación de España y contar con todos los vistos buenos». Es más, explica que hace dos años, en una reunión en Sevilla en la que estuvo la familia Martínez-Sagrera, propietaria también de suelo -aportó 1,2 millones de metros-, la Junta se mostró dispuesta a devolver los terrenos, aunque recuperando lo gastado hasta ahora.
Según relata, todo empezó en el 2004 cuando una empresa se interesó por 300.000 metros y al entonces presidente de Urbanismo, Andrés Ocaña, «se le ocurrió hacer un macropolígono», que la Junta vio con buenos ojos. Con el convenio del 2005, explica, EPSA y Procórdoba urbanizaban y daban a los propietarios privados el 25% de las parcelas preparadas para vender. Según indica, EPSA se quedaba con el 54%, Procórdoba con el 6% y los privados con el 40%. La idea era invertir 77 millones y tener parcelas de 1.500 a 200.000 metros. El portavoz de la familia recuerda que el plan fue aprobado en el 2008, pero fue modificado porque Ikea quería 300.000 metros, por lo que no salió adelante hasta el 2009, momento en el que llegó la crisis, aunque EPSA seguía mostrando interés por el proyecto. «Desde el 2012 hemos aguantado tela», afirma.
