El Córdoba tendrá que abandonar las instalaciones de la ciudad deportiva situada en el Camino de Carbonell. Así lo ha dictaminado el juzgado de instrucción número 2 de Córdoba después de la vista oral que se celebró el pasado 14 de diciembre, información que adelantó ayer la edición digital de este periódico. En la sentencia, el magistrado reconoce como dueño legítimo al Grupo Tremon y dictamina el desalojo del Córdoba de las instalaciones, ya que entiende que no ha acreditado documentalmente estar en posesión de algún documento que respalde la ocupación de dichas instalaciones. Por su parte, Grupo Tremon volvió a reiterar que en la escritura de compraventa a Rafael Gómez, los terrenos se entregaban «libres de cargas y de ocupantes» y que, por lo tanto, los actuales ocupantes de los terrenos han de abandonarlos.

El Córdoba tiene a partir de ahora un plazo de 20 días, desde la comunicación de la sentencia, para recurrir ante la Audiencia dicho veredicto, aunque la perspectiva para la entidad blanquiverde es más que oscura, ya que documentalmente poco puede alegar después del primer dictamen. Asimismo, la comunicación de la misma pudo llegar ayer, ya que también la recibió la constructora. Por ello, el próximo 5 de febrero se cumplen los 20 días que tiene el Córdoba para el recurso, pero fuentes jurídicas consultadas aseguraron a este periódico que dicho recurso no obstaculiza el lanzamiento del ocupante. Por lo tanto, a partir del 5 de febrero habrá que estar atento al movimiento de Tremon, que podría pedir la ejecución de la sentencia (esto es, el desalojo del Córdoba), si no es el propio juzgado el que manda a la policía judicial para efectuar dicho lanzamiento en caso de que la entidad blanquiverde no lo haga por su propia iniciativa.

En cualquier caso, si la dueña de los terrenos solicita la ejecución de la sentencia, el Córdoba ganaría un periodo de tiempo de entre 30 y 45 días (en función de la carga de trabajo del juzgado) antes de mandar a la policía para que efectúe el desalojo. Es decir, que en el mejor de los casos, el Córdoba tendría que abandonar las instalaciones de la ciudad deportiva a mediados de marzo, por lo que para entonces debería tener una alternativa para que tanto el primer equipo como el segundo puedan entrenar y también unos campos para que todos los equipos de categorías inferiores puedan disputar sus encuentros, que se juegan ahora en los dos campos de césped artificial que instaló el club en el verano del 2016.

La sentencia no solo genera un gravísimo problema de infraestructuras al Córdoba, sino que deja en entredicho la gestión que de este contencioso ha realizado la propia entidad blanquiverde.

Durante muchos meses negó que las instalaciones fueran de Grupo Tremon. El propio Carlos González declaró públicamente, en primera instancia, que los terrenos eran de Aliseda (inmobiliaria del Banco Popular). Cuando esta firma aseguró que no eran suyos, González rectificó y primero dijo que eran de La Caixa y posteriormente declaró que no iba a decir quiénes eran los dueños, «salvo que ellos quieran decirlo».

Mientras tanto, el club instaló dos campos de césped artificial en Camino de Carbonell, trabajos que se llegaron a realizar incluso en horario nocturno y, tras ellos, anunció que también instalaría un campo de césped natural.

Cuando en septiembre del 2016, tanto Rafael Gómez como Grupo Tremon denunciaron a la entidad blanquiverde para que desalojara los terrenos, el Córdoba informó de que el campo de césped natural no se instalaría «porque así nos lo han aconsejado los técnicos; será más adelante».

Sin embargo, la maquinaria legal prosiguió y, primero, dejó fuera a Rafael Gómez como dueños de los mismos, para posteriormente dar la razón al Grupo Tremon y dictaminar el desalojo del Córdoba. Solo dos días antes de la vista oral el Córdoba mandó a un emisario para intentar negociar un alquiler. El club se quedó en 70.000 euros y un plazo de cinco años. Tremon, en 100.000 y un plazo de tres años. Desde entonces, es decir, 33 días, el Córdoba no volvió a ponerse en contacto con Tremon para intentar llegar a un acuerdo, aunque la constructora confirmó ayer a este periódico que «no hubo negociación como tal». La gestión del club ha finalizado con el Córdoba desalojado de la ciudad deportiva.

CRONOLOGÍA DE UN DESAHUCIO

JUNIO/AGOSTO 2016

TRABAJOS Y «COMPRAS» / El Córdoba inicia trabajos en la ciudad deportiva, muchos de ellos en horario nocturno. Instala dos campos de césped artificial y anuncia que «en octubre» tendrá otro de césped natural. Paralelamente, su máximo accionista asegura que negocian con Aliseda, primero, y La Caixa, después, la compra de los terrenos. Ambas financieras niegan ser las dueñas de los terrenos.

SEPTIEMBRE 2016

DOBLE DEMANDA / Con apenas dos días de diferencia, Rafael Gómez y Grupo Tremon presentan una demanda para que el Córdoba desaloje la ciudad deportiva. El empresario cordobés y la constructora se consideran propietarios de los terrenos.

MAYO 2017

EL DUEÑO ES TREMON / La demanda de Rafael Gómez interfiere sobre la de Grupo Tremon, que pretende desalojar al Córdoba de la ciudad deportiva, ya que en el contrato de venta por parte del empresario cordobés los terrenos se entregaban «libres de cargas y ocupantes». Gómez alega que nunca se le pagaron dichos terrenos. Sin embargo, el magistrado sentencia que el legítimo dueño es la constructora, ya que así se refleja en el Registro de la Propiedad y tiene, además, paralizado el concurso de acreedores en el que está inmersa.

6 DICIEMBRE 2017

AYUNTAMIENTO/TREMON / El Ayuntamiento se reúne con Hilario Rodríguez, presidente de Tremon, en Córdoba. En la cita, Pedro García le hace ver a Rodríguez la conveniencia de que Tremon escuche al Córdoba para futuros proyectos en la ciudad.

14 DICIEMBRE 2017

AL JUZGADO / Apenas 24 horas antes de celebrarse la vista oral para el desalojo del Córdoba de la ciudad deportiva la entidad blanquiverde se sienta con Tremon para intentar cerrar un acuerdo. El Córdoba no está dispuesto a pagar más de 70.000 euros al año (con Gómez pagaba solo 500) y quiere un contrato de cinco años, al menos. Tremon aduce que el precio de mercado es mayor y pide 100.000 y euros y un compromiso hasta 2019. El juicio se celebra sin acuerdo.