A menos crisis, menos fraude. Esta parece ser una de las consecuencias de la recuperación, de acuerdo con la valoración realizadas desde la comisión antifraude de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba, un órgano al que se ha comunicado la existencia de una «cierta mejoría» en algunos sectores de actividad, coincidiendo con la salida de la crisis.
La directora de Trabajo e Inmigración de la Subdelegación y coordinadora de la comisión, Marta Núñez, señala que en ámbitos como los talleres mecánicos comentan que «se están regularizando ellos mismos» y, aunque no se sabe si debe al mayor control ejercido por la Administración, a la concienciación o a que tienen más recursos, indican que «ha aflorado un 30% del empleo irregular». En esta línea, señala que una de las tareas de la comisión es el encuentro con empresas y sectores afectados por el fraude para conocer cómo evoluciona la actividad y que le transmitan posibles vías para atajar el problema, a lo que añade que «algunos dicen que se empieza a notar cierta mejoría y más control desde el momento en que parece que se está saliendo de la crisis».
Peluquería, hostelería, instaladores de gas y calefacción, fontanería, electricistas, madera y talleres mecánicos son ámbitos incluidos en la comisión por tratarse de «los sectores donde más nivel de fraude hay», aunque Núñez hace hincapié en que «la Inspección de Trabajo lo abarca todo». De otro lado, acerca de áreas como la joyería, los estancos y el campo, matiza que estas cuentan con medidas concretas y no se incluyen en la comisión.
Este órgano fue impulsado en el 2014, dos años después de la activación de protocolos que implican a distintos organismos de la Administración pública, promovidos a raíz del plan nacional que puso en marcha el Gobierno central en el 2012 para combatir el fraude a la Seguridad Social y el empleo irregular. Así, Núñez recuerda que «cada Administración ya tenía sus competencias, con estos acuerdos se posibilita que haya intercomunicación de datos, de manera que nos ayudemos». La finalidad es que la información de un organismo beneficie a los demás.
Además, preguntada por las 14 operaciones policiales desarrolladas desde el 2013, cuando se constituyó el acuerdo entre los ministerios de Interior y Empleo, Marta Núñez confirma que este «está funcionando» y detalla que gracias a estas intervenciones se logra frenar la actividad ilícita, si una persona cobra una prestación de forma indebida también deja de percibirla y, por otra parte, tienen un efecto ejemplarizante. No obstante, sobre los 4 millones de euros, aproximadamente, que se estima que se han defraudado, admite que «no todo» podrá ser recuperado por las arcas públicas, ya que se dan diferentes situaciones como la declaración de insolvencia por parte de los defraudadores.
