La cosa está que arde. La improvisada transformación de cárcel de Archidona (Málaga II), aún sin estrenar, en centro de internamiento de inmigrantes parece no haber sentado bien a nadie. Ni a los colectivos sociales que denuncian el encierro ilegal de unas 800 personas rescatadas en las costas murcianas ni a los propios funcionarios de prisiones, que llevan años trabajando en cárceles masificadas y que han visto frustrada su esperanza, a menos en el corto plazo, de que este edificio sirva de válvula de escape. El sindicato Acaip apuntó ayer su artillería contra este caso de «absoluta falta de planificación» y denunció que el cambio de uso de la prisión de Archidona, «que se terminó de construir en el 2013 y ha costado 150 millones de euros», ha dejado a más de 700 funcionarios pendientes de traslado en el limbo. «El 6 de noviembre se conoce el concurso de traslado de 700 trabajadores, entre ellos 15 de Córdoba, y tres días después se cambia el uso sin ninguna publicación oficial», denunciaba ayer el presidente del sindicato, José Luis Pascual, haciéndose eco de la queja de «cientos de familias de todo el país, que ahora no podrán planificar sus vidas». La situación también afecta a multitud de presos pendientes de acercamiento a sus familias y que, al parecer, ahora tendrán que esperar. El sindicato denuncia además que «los autos de internamiento de los inmigrantes extranjeros que llegan a España en patera emitidos por los jueces ordenan su internamiento en centros no penitenciarios», algo que estaría contraviniéndose con esta medida, por lo que piden «su excarcelación».

Cabe recordar que el ministro del Interior, Ignacio Zoido, aseguró este lunes que los inmigrantes disponen de unas instalaciones en «infinitamente mejores condiciones que cualquier otro de los CIE que hay distribuidos por todo el territorio», aunque aseguró que se trata de una medida «transitoria y temporal». También dijo que los futuros centros de internamiento estarán atendidos por funcionarios civiles del Estado. Por su parte, el sindicato aseguró que la apertura de la nueva cárcel estaba prevista en torno al próximo 15 de diciembre y aseguró que «los funcionarios no vamos a asumir la gestión de los CIES». La polémica parece que traerá cola. Colectivos de inmigrantes han convocado mañana jueves en Málaga una concentración para mostrar el encierro de estas personas y exigir al Ministerio del Interior que rectifique y que no use cárceles para encerrar a inmigrantes que no han cometido ningún delito.

Por su parte, la Asociación Pro Derechos Humanos (APDH), que ha impulsado una campaña contra los centros de internamiento de inmigrantes, que considera «agujeros negros en el Estado de derecho», ha denunciado además «las dificultades para entrar a ver a las personas internas y la opacidad que rodea a estas instituciones de reclusión de inmigrantes».