La Junta continúa trabajando para intentar reanudar las obras del Palacio de Congresos de la calle Torrijos, que quedaron paradas a mitad del 2015, y poder abrirlo, ya que el edificio está cerrado desde octubre de ese año. Sin embargo, y de momento, la Junta no puede ofrecer una fecha para desbloquear la paralización y el cierre del edificio a pesar del ultimátum dado por los empresarios y sindicatos, que ayer hicieron frente común y entregaron en la Delegación del Gobierno un escrito, adelantado por este periódico, en el que reivindican una solución urgente y un calendario de trabajo para este mismo mes de febrero.

Prácticamente a la misma hora que la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), la Cámara de Comercio, UGT y CCOO entregaban el escrito, en un acto en la Diputación, la delegada del Gobierno, Rafi Crespín, solicitaba «confianza en la administración», ya que «estamos trabajando de forma seria» para desbloquear la paralización «con todas las garantías y en el tiempo mínimo posible». No obstante, Crespín asegura que las gestiones que está realizando la Junta tienen «complejidad y necesitamos dedicarle el tiempo que merecen para hacerlas con garantía». Por ello, Crespín asegura que «no tenemos horizonte de tiempo» para el reinicio de las obras de reforma ni para la apertura del edificio, ya que «si lo tuviéramos, ya lo hubiésemos hecho público». La delegada insiste en que la Junta está deseosa de «decir que pronto vamos a estar terminando lo que queda por hacer en la obra de la calle Torrijos para poder abrir un espacio como ese para el turismo de congresos». Desde que el Consejo Consultivo avaló en octubre pasado la rescisión de varios contratos con la adjudicataria, la Junta trabaja en la licitación de la obra.

Al mismo tiempo, y ante la Delegación del Gobierno, el presidente de CECO, Antonio Díaz, se quejaba de la «parálisis» existente y aseguraba que «las empresas y trabajadores no pueden soportar este olvido por parte de la Junta en materia de congresos», por lo que reclama que «en febrero nos haga llegar el cronograma» para «sacar a concurso la finalización de las obras» y encargar la gestión del edificio. A su juicio, «el problema no es la paralización, el problema es el silencio, que es muy ruidoso en este caso». Además, «no es un problema de dinero», ya que los presupuestos de la Junta para este año contemplan un millón para el proyecto.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Ignacio Fernández de Mesa, mostró su «preocupación y rechazo a la situación», ya que «no puede ser» que los «intereses de Córdoba no se tengan en cuenta», por lo que espera que la Junta «tome nota» y sepa que «hace falta un centro de congresos».

El secretario general de UGT, Vicente Palomares, considera que Córdoba «tiene todo lo deseable para el turismo de congresos» pero le falta «lo esencial», el espacio, y «no puede seguir pagando esa factura, perdiendo dinero» y corriendo el riesgo de dejar de ser un sitio de interés para este tipo de negocio. Por ello, exige a la Junta que diga qué actuaciones y en qué tiempo se van a hacer «y que sea cuanto antes».

Por su parte, el secretario general de CCOO, Rafael Rodríguez, lamenta la paralización del Palacio de Congresos en una ciudad con una ubicación privilegiada y piensa que «no es admisible que la Junta siga sin decir esta boca es mía y sin dar fechas, no de cuándo empiezan las obras, sino de cuándo esté funcionando».

Aunque no han concretado qué otras medidas de presión llevarán a cabo, Palomares afirma que «si esta acción no surte efecto, seguiremos con más», por lo que «si en un tiempo prudencial no hay respuesta», habrá «una contestación de mayor grado por parte de los agentes sociales». En este sentido, Díaz asegura que en CECO y la Cámara «seguiremos defendiendo los intereses generales de los empresarios».