El empresario y exconcejal de Unión Cordobesa (UCOR) Rafael Gómez se enfrenta a penas que suman 44 años de prisión por 11 delitos contra la Hacienda Pública. Esa es la petición que ha hecho el ministerio fiscal para él por defraudar, supuestamente, 58,3 millones de euros con el impago de impuestos a través de cuatro empresas. La Fiscalía, que excluye a la mujer de Gómez de estos hechos, acusa también a sus cuatro hijos por ocho delitos fiscales, solicitando para cada uno penas que suman 22 años de cárcel. Además, las conclusiones provisionales del ministerio público hechas públicas ayer incluyen la petición para Gómez de una multa que podría llegar a 350 millones de euros, el séxtuplo de lo defraudado.

El fiscal especifica en su escrito de acusación que los delitos se habrían cometido entre los años 2003 y 2006 a través de las empresas Arenal 2000, Arenal 2000 de Inversiones, Arenal 2001 y Grupo Inversor Arenal 2000, y se refieren al impago de impuestos de sociedades, de patrimonio y el IRPF. Las cantidades defraudadas en cada uno de los 11 casos por los que se le acusa irían, según explicó ayer la Fiscalía, desde 690.000 euros a 25,5 millones, sumando en total, 58.388.000 euros. Así, solicita para Gómez cuatro años de cárcel por cada delito, además de una multa del tanto al séxtuplo de lo defraudado. En el caso de los hijos, la petición es de dos años y nueve meses de prisión por cada uno de los ocho delitos de los que se les acusa, siendo la multa del tanto al quíntuplo. La mujer del empresario, sin embargo, aparece para la Fiscalía simplemente como "partícipe a título lucrativo", es decir, que no habría participado delictivamente aunque se hubiera beneficiado.

La instrucción de este caso, que todavía no ha concluido, se remonta al 2009. Entonces, el juzgado de Instrucción número 3 dictó un auto en el que se detallaba que las actuaciones se iniciaban por diferentes denuncias de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria y un decreto de la Fiscalía Provincial de junio del 2009 por el supuesto impago de una cantidad cifrada en 69,9 millones a través de siete empresas. Sin embargo, el fiscal lo reduce ahora en su escrito de conclusiones provisionales a cuatro empresas y una cantidad defraudada de 58,3 millones. La explicación que ofreció ayer la Fiscalía es que esta se centra "en lo que realmente entendemos que hay prueba".

En aquel auto, en principio, figuraban como imputados por presunta defraudación a la Hacienda Pública el empresario, su esposa y los cuatro hijos. Además, ordenaba el embargo preventivo de distintas propiedades de la familia, entre ellas, cinco fincas rústicas en Trassierra y otras cuatro en los municipios granadinos de Freila y Gorafe, además de la sede de Arenal 2000, junto a las naves que construyó sin licencia en 2005 y que le han costado a Rafael Gómez una multa de 20 millones. La Audiencia Provincial ratificó el año pasado la prórroga del embargo de los bienes, después de un recurso de Gómez.

También la Audiencia Provincial desestimó el pasado marzo el recurso presentado por los abogados de la familia Gómez contra el auto del juzgado de Instrucción 3 que acordó que las actuaciones se siguieran por el trámite de procedimiento abreviado. La Audiencia, en un auto que ponía a Gómez más cerca del banquillo de los acusados, consideró entonces que "existen indicios suficientes de criminalidad para poder presentar un escrito de acusación". Y apuntaba que "la base indiciaria de las diversas imputaciones" se encuentra en las pruebas de los peritos, que una vez han sido contrastadas "han de ser valoradas ya en el acto del juicio".

Gómez y su familia argumentaron en el recurso que "no hay indicios de actividad delictiva", pero los magistrados apuntaron que "en el acto de la vista podrán desarrollarse con toda extensión las argumentaciones" oportunas. Añadieron que "lo aducido por los recurrentes no permite excluir en este momento procesal el propósito defraudatorio de cuya indiciaria presencia parten las resoluciones dictadas por el juzgado de Instrucción".