El Tribunal Supremo ha subido las penas que impuso la Audiencia Provincial de Málaga en el caso Malaya por un delito de cohecho a 13 ex concejales del Ayuntamiento de Marbella y al cerebro de la trama de corrupción, Juan Antonio Roca. Este último ha sido condenado a 17 años, lo que endurece su pena en seis años sobre la sentencia de la Audiencia de Málaga.
Así ocurre también en el caso de la exregidora marbellí Marisol Yagüe y de la que fuera primera teniente de alcalde Isabel García Marcos, las cuales, no obstante, ven reducida su pena total, al ser absueltas del delito de alteración de precios en subastas o concurso público.
Asimismo, se ven afectados por el incremento en este delito otros 11 ex concejales, como son Tomás Reñones, que también fue alcalde por un periodo corto de tiempo; Vicente Manciles, Pedro Pérez, María del Carmen Revilla, José Luis Fernández Garrosa, María José Lanzat, Rafael González Carrasco, Rafael Calleja, José Antonio Jaén, Belén Carmona y Emilio Jorrín.
El alto tribunal añade para Roca un delito fiscal en el ejercicio del 2002 y le agrava las penas por cohecho y blanqueo de capitales, pues la sala ha aceptado algunas de las peticiones del fiscal, que recurrió contra la Audiencia Provincial. El cerebro de la trama resulta condenado por los delitos ya citados además de por los de prevaricación y fraude.
En el caso de la exalcaldesa de Marbella Marisol Yagüe se rebaja su pena de seis a cinco años y seis meses y en el de la exteniente de alcalde Isabel García Marcos se le rebaja su pena de cuatro años a tres años y medio.
ALCALDE DE HECHO El relato de hechos confirmado por el Supremo considera probado que Roca, pese a no tener cargo electo, ejercía una posición de "dominio" sobre la Corporación municipal marbellí y ejerció como "alcalde de hecho" durante años, mientras que los concejales "se aquietaban a sus tejemanejes".
Eso hacía Julián Muñoz, exalcalde condenado en este proceso y que se encuentra encarcelado por otra causa relacionada con el blanqueo de capitales, y también Yagüe, alcaldesa entre 2003 y 2006 tras prosperar la moción de censura contra Muñoz.
El "azote" de Jesús Gil durante sus años de concejal socialista, Isabel García Marcos, fue expulsada del PSOE en el 2003 por apoyar la moción de censura que derrocó a Julián Muñoz.
La sentencia ha reducido de 52 a 48 el número de condenados al absolver a los empresarios Joaquín Martínez Vilanova, Julio de Marco y José María Pérez Lozano del delito de cohecho activo y exonerar al abogado Francisco Soriano del delito de falsedad documental que se le atribuía.
