El Ayuntamiento de Córdoba sigue dando pasos para averiguar si existen bienes de dominio público que hayan sido inmatriculados por la Iglesia. El primer teniente de alcalde y presidente de la Gerencia de Urbanismo, Pedro García, y la viceportavoz de IU en el Ayuntamiento, Alba Doblas, ofrecieron ayer una rueda de prensa en la que, tras felicitar la labor de los ciudadanos que el martes trasladaron al Parlamento Europeo la polémica sobre las inmatriculaciones, dieron cuenta de un informe que está llevando a cabo desde hace meses un técnico de la Gerencia de Urbanismo a instancias del gobierno municipal anterior sobre las propiedades inscritas en el Registro por la Diócesis en la ciudad de Córdoba. García, que elogió el "magnífico trabajo" realizado por dicho técnico, indicó que según la documentación recabada hasta el momento, aún incompleta, la Diócesis tiene inscritas a su nombre más de 200 propiedades en la capital, si bien no avanzó cuántas son inmatriculaciones realizadas en base al artículo 206 de la Ley Hipotecaria. Los ediles tampoco quisieron concretar qué tipo de propiedades son las que figuran en el Registro, si bien Alba Doblas, a preguntas de los periodistas, aseguró que "hay de todo", incluidos bienes de dominio público que, por definición, son imprescriptibles e inalienables, lo que apunta a que pueda haber más calles o plazas inscritas más allá de la del Pocito, declarada ya por el Ayuntamiento de titularidad pública. En este sentido, según fuentes del PP, al gobierno municipal anterior "solo le habían sido notificados los casos de plazas que se conocen, el Pocito y la ermita de Santos Mártires, cuyo expediente también está en marcha".
Pedro García, que prevé refuerzos para el técnico de Urbanismo dedicado a este asunto, indicó que la moción aprobada por el Pleno el martes ampliará la demanda de documentación al Registro sobre las propiedades inscritas por la Iglesia por titulares distintos a la Diócesis como órdenes religiosas, el Obispado o el Cabildo, lo que podría aumentar el número total de bienes. El objetivo de la investigación abierta, según Alba Doblas es "remunicipalizar los bienes inscritos por la Iglesia que sean bienes de dominio público, por lo que no pueden ser embargados o adquiridos por persona, entidad o institución alguna". Así, insistió en que hacer que vuelvan a tener titularidad pública puede tener "una enorme trascendencia, con consecuencias para el turismo y la economía", sobre todo, si se trata de monumentos como la Mezquita-Catedral. En esta línea, Pedro García recalcó que "esto no es la desamortización de Mendizábal, solo queremos recuperar lo que entedemos que es del pueblo de Córdoba".
En relación con el Triunfo de San Rafael, cuya reclamación al Registro de la Propiedad fue descartada en su día por la asesoría jurídica del Ayuntamiento, Alba Doblas dijo que, si bien aún no ha sido aprobado por junta de gobierno, "se investigará el procedimiento que llevó a dar de baja este bien del inventario municipal". Doblas insistió también en que en el listado de propiedades de la Iglesia hay muchas que son donaciones o compras y que "solo se reclamarán las que se hayan inmatriculado por el artículo 206 de la Ley Hipotecaria", ya que "suponen detraer economía para la ciudad". El proceso para discernir si hay más bienes que puedan ser reclamados a la Iglesia "será largo", dijo Doblas, que reclamó al Obispado una colaboración que no cree que llegue, y que, en su opinión, debería darse, ya que "ellos también forman parte de la ciudad y deben tener interés en que el Registro sea acorde a la realidad".
Por otro lado, la delegada del Gobierno de la Junta en Córdoba, Rafaela Crespín, respondió a preguntas de los periodistas que le parece "legítimo" trasladar el asunto de la titularidad de la Mezquita al Parlamento europeo "ya que hay una serie de ciudadanos y plataformas que están defendiendo un tema y, por tanto, veo legítimo que lo eleven a instancias europeas". En cuanto a la propuesta del anterior cogobierno de la Junta de Andalucía formado por IU y PSOE de impulsar la gestión turística compartida del monumento, Crespín dijo que "la Junta siempre ha mantenido esta postura".
Por su parte, fuentes del Obispado reiteraron ayer al respecto que la Iglesia "ha inmatriculado solo aquello de lo que es legítimamente propietario y ateniéndose a la legislación vigente".
