La Iglesia quiere zanjar el asunto de las denuncias contra las inmatriculaciones presentadas por los exalcaldes de Córdoba y 205 personas más y el ya exconcejal de UCOR, Carlos Baquerín, y ha presentado ante el juez que instruye el caso un escrito por el que impugna el recurso presentado por éstos contra el archivo de la causa. Un documento al que ha tenido acceso este periódico en el que el abogado del Cabildo alude a "la falta de pruebas" que justifique la apertura de diligencias y achaca la denuncia de más de 200 personas a la "animadversión personal". En concreto, el escrito afirma que "nos encontramos ante una denuncia de carácter político que supone una utilización torticera de la Justicia para ir contra aquellas personas hacia las que se tiene una animadversión personal" (en referencia al obispo y al exalcalde) y añade que "prueba de ello es que el señor Baquerín denuncia a José Antonio Nieto y Demetrio Fernández" a pesar de que "todas las inmatriculaciones referidas salvo el Triunfo de San Rafael se realizaron cuando Nieto no era alcalde y Demetrio no era obispo". Señalando a Carlos Baquerín, el escrito afirma que la denuncia se debe a que "estas personas simplemente no son de su agrado". La Iglesia no ha querido comentar el contenido del recurso, que Baquerín considera "pueril" en sus argumentos, ya que según el exconcejal "ni siquiera conozco al obispo". Así, insiste en que su recurso contra el archivo de la denuncia pretende que el juez investigue cada uno de las inmatriculaciones señaladas en su denuncia, ya que considera que el asunto ha sido archivado "antes de investigar el fondo de la cuestión, ya que el juez solo ha pedido información a los denunciados sin recabar más documentación ni llamar a declarar a los denunciantes". Asimismo, recuerda que su denuncia alude a una serie de inmatriculaciones concretas sobre las que el juez "no se pronuncia" y señala que el hecho de agrupar su denuncia y la de los exalcaldes ha hecho que haya una serie de cuestiones en las que el juez no entra.

El recurso de la Iglesia, por su parte, considera "absolutamente incierto" que exista falta de motivación en el auto del juez y afirma que "el juzgador fundamenta de manera contundente el sentido de la misma". Para el abogado del Cabildo, "los informes aportados por el Ayuntamiento y la Diócesis acreditan que es incierto que haya habido connivencia con ninguna administración pública", al tiempo que señala que "la jurisdicción para determinar la propiedad no es la jurisdicción penal, ya que en los hechos denunciados no hay indicios de actividad delictiva" por lo que, en el caso de que hubiera duda sobre la titularidad de los bienes inmatriculados, "debería derivarse a la vía civil".